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El Ejecutivo provincial rechazó la renuncia de un juez acusado de polémicos fallos sobre delitos sexuales, como la revocación de una condena a un hombre que había abusado por años de sus hijas. Al rechazar la dimisión pretendida, el gobierno obliga al magistrado a quedar expuesto al jury de enjuiciamiento que éste quería evitar para no perder el derecho a sus haberes jubilatorios de privilegio.

El decreto nº 2451 dispone que el juez penal de Vera, Nicolás Muse Chemes permanezca en esa función porque "si se aceptase la renuncia, el proceso de enjuiciamiento que se le sigue al doctor Muse Chemes podría quedar extinto". 

El decreto firmado por el gobernador Miguel Lifschitz y el ministro de Justicia, Ricardo Silberstein, también señala que “resulta manifiesto el interés público en que se determinen las responsabilidades en quienes ejercen cargos y funciones de alta trascendencia republicana, lo cual amerita el agotamiento de todas las instancias disciplinarias a la que se encuentran sujetos, de manera tal que la realización y culminación de esas instancias contribuyan a fortalecer la confianza pública en el sistema. Como consecuencia de ello y con el objeto de no entorpecer el funcionamiento del Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados en su tan importante labor, debe rechazarse la renuncia presentada por el magistrado".

Tienen en cuenta el gobernador y el ministro que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha emitido un dictamen al respecto con fecha 29 de agosto de 2018. Muse Chemes había presentado su renuncia por escrito el 23 de agosto de este mismo año. La Corte Suprema se la aceptó rápidamente y faltaba la decisión del Poder Ejecutivo. 

Muse Chemes tiene polémicos fallos vinculados con delitos sexuales, el más notorio porque tuvo repercusión internacional es el que se conoció como el Caso CER, por el cual para evitar una condena internacional, el gobernador acordó pedir disculpas en nombre del Estado, ayudar a la víctima a quien le dieron casa y trabajo, investigar a quienes intervinieron en la causa y capacitar a los integrantes del Poder Judicial para que incorporen una perspectiva de género, para que no se repitan casos como éste.