El fiscal penal Franco Carbone imputó este miércoles a un delincuente detenido en la cárcel federal de Ezeiza como el responsable de instigar atentados con armas de fuego y bombas molotov contra frigoríficos y el Sindicato de la Carne en las últimas semanas. Con él, también está acusada su pareja. Se trata de Cristian “Pupito” Avalle y Abril Escalante Miranda, involucrados en una banda con vínculos con Los Monos dedicada al narcomenudeo y extorsiones a sangre y fuego.

Avalle ya está preso, y lo que se le imputa es haber encargado las balaceras contra la sede del Sindicato de la Carne, en barrio Saladillo, y la planta frigorífica Paladini, en Villa Gobernador Gálvez, y en las de Coto, Swift y Mattievich, todas en El Mangrullo y Parque del Mercado, respectivamente. Junto con él, hay otras siete personas involucradas como parte de la organización criminal.

Por teleconferencia en el Centro de Justicia Penal, Avalle admitió que usó un teléfono celular en aquella cárcel bonaerense –ya de por sí, una irregularidad de la que deberá responder el Servicio Penitenciario Federal– pero negó que el motivo haya sido encargar los ataques. “Puede haber sido otro preso del pabellón, somos 15 acá”, se defendió. 

"No conozco al Sindicato de la Carne. No metan en esto a mi mamá, que es la única que puede cuidar a mi nena, ni a la flaca que me viene a ver", agregó.

En cuanto a Escalante Miranda, esta mujer está detenida desde el domingo pasado, cuando la Policía de Investigaciones la apresó en su domicilio de zona sur. La hipótesis del fiscal es que ella recibía instrucciones de Avalle cuando lo visitaba en el penal de Ezeiza. 

Junto con Avalle y su mujer, hay otras cinco personas detenidas y a la espera de imputación, entre ellas la madre del delincuente, quien este martes a la noche se entregó en el Ministerio Público de la Acusación.

De las ocho personas acusadas, cuatro son mujeres, entre ellas la madre y la novia de Pupito Avalle. El fiscal les asignó prisión preventiva domiciliaria a todas, aunque deberán aguardar 15 días la cárcel conocida como ORDER (27 de Febrero y Las Palmeras) hasta que les lleguen sus respectivas tobilleras electrónicas.

La organización de Avalle, dicen los investigadores, tiene alrededor de 30 personas vinculadas y disponibles para desarrollar sus negocios ilegales. Se le endilgan muchos delitos graves como asesinatos, aprietes violentos y atentados con disparos. El más resonante ocurrió el 12 de diciembre de 2022 contra la sede de Televisión Litoral SA, en avenida Perón al 8100.

El motivo de los ataques a los frigoríficos no está claro del todo, pero el fiscal no descarta que haya sido un alarde de violencia para luego exigir el pago de dinero.