La investigación penal sobre juego clandestino que sacudió al establishment judicial y político en Santa Fe avanza hacia otra etapa de imputaciones sobre la ancha pirámide de vínculos, complicidades, influencias y contactos por debajo del principal imputado, Leonardo Peiti. Los fiscales de Rosario Luis Schiappa Pietra y David Edery aguardan que la Oficina de Gestión Judicial defina la fecha para la próxima audiencia imputativa sobre lavado de activos, en la que comparecerán el propio Peiti, el empresario y ex piloto de carreras Oscar "Popi" Larrauri, y el abogado José Fernández Chemes, ex funcionario de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez.

Los fiscales también preparan otra imputación por el delito de asociación ilícita, en el que se develarán muchos nombres involucrados en los beneficios de esta red de apuestas ilegales, con distintas funciones y grados de participación. En esta etapa, está en la mira otro abogado relacionado con el municipio rosarino y el Sindicato de Trabajadores Municipales, Aníbal Porri.

La investigación contiene registros en video del letrado como compañía de Peiti el mismo día en el que el empresario le habría pagado una coima de 10 mil dólares al destituido fiscal Gustavo Ponce Asahad, como parte de la cadena de favores y connivencias hacia el interior del Poder Judicial. El propio fiscal detenido involucró a Porri en este escenario.

Aníbal Porri, el abogado involucrado en la red que controlaba Peiti.
Aníbal Porri, el abogado involucrado en la red que controlaba Peiti.

Ponce Asahad cayó el año pasado junto con el por entonces fiscal regional Patricio Serjal por la misma causa. La investigación salpicó entonces al senador Armando Traferri, pero no avanzó allí porque el Senado rechazó quitarle los fueros, tal como pedían los fiscales.

Porri, quien supo desempeñarse como asesor letrado de la Guardia Urbana Municipal y ex tesorero del Colegio de Abogados, hacía las veces de mandadero de Peiti. Según declaró Ponce Asahad, Había hecho el contacto entre él y Peiti para concretar el pago de un soborno, y en ocasiones fue él mismo quien trasladaba el dinero, función que suele denominarse como la del "valijero". Ese trato se concretó a la vuelta del domicilio del ex fiscal, en el pasaje Rosales (9 de Julio al 2000). El abogado había arreglado este encuentro previamente con un empleado judicial de la fiscalía, Nelson Hugolini, y el propio Ponce Asahad.

Peiti y Porri, captados por videovigilancia el día que tenían un encuentro con el fiscal Ponce Asahad. (fuente ATP, captura de video obrante en la causa)
Peiti y Porri, captados por videovigilancia el día que tenían un encuentro con el fiscal Ponce Asahad. (fuente ATP, captura de video obrante en la causa)

A Porri también le descubrieron en la investigación un vínculo con el ex jefe de la Unidad Regional XVII, de San Lorenzo, Gonzalo "Chino" Paz, detenido e investigado por delitos conexos a la red de juego ilegal y del contrabando de cereal en puertos secos, y también investigado por nexos con el narco Esteban Alvarado.

De acuerdo con las declaraciones que ya existen en el expediente, el ex comisario mayor Paz utilizaba una camioneta Toyota Hilux y una coqueta vivienda en Fisherton, ambos bienes propiedad de Porri.

Por lo tanto, en el avance de la investigación, los fiscales evalúan ya sobre firme la instancia de ampliar las imputaciones al resto de la red que controlaba Peiti. Y allí entra este abogado como una de las piezas de lo que Shiappa Pietra y Edery consideran fue esta asociación ilícita.

Antes de esa etapa, los fiscales quieren formalizar la acusación por lavado de activos, y endilgársela al propio Peiti –quien sigue en prisión preventiva aunque domiciliaria– y al ex corredor y ex concejal Popi Larrauri, y a un abogado vinculado, Fernández Chemes. La hipótesis de los fiscales es que Larrauri brindó sus empresas a operaciones destinadas a blanquear el dinero que Peiti obtuvo como capitalista de juego clandestino.

Fernández Chemes renunció a su cargo de secretario legal y técnico del municipio de VGG, en la gestión de Alberto Ricci (FPCS) luego de quedar involucrado en esta investigación penal.

"Pedimos la audiencia pero todavía no ha sido fijada", dijo Schiappa Pietra ante la consulta de RosarioPlus.  "Luego, vendrá otra audiencia imputativa en la que se ampliará la acusación a varias personas, y será por lavado y por su participación en la asociación ilícita", abundó el fiscal.