Alegatos causa Franco Casco: el fiscal solicitó prisión perpetua para 14 policías
Los imputados están acusados de delitos de encubrimiento, falso testimonio y participación secundaria en la desaparición del joven, quien fue encontrado sin vida luego de haber sido detenido por personal de la comisaría 7ª en octubre de 2014.
El fiscal Fernando Arrigo solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°2 que se condene a prisión perpetua a 14 policías acusados por la desaparición forzada de Franco Casco. Además, pidió que se impongan penas que oscilan entre los 14 años y cuatro meses y los tres años de prisión para otros cuatro agentes y un civil por delitos de encubrimiento, falso testimonio y participación secundaria en la desaparición del joven. Franco Casco fue detenido por personal de la comisaría 7ª en la zona de la terminal de omnibus en octubre de 2014 y su cuerpo fue hallado sin vida 23 días después.
En el cierre de alegato del Ministerio Público Fiscal (MPF) este lunes, se solicitó prisión perpetua para el comisario Diego José Álvarez y los agentes Walter Eduardo Benítez, Fernando Sebastián Blanco y Cecilia Rut Elisabet Contino. Se los acusa como coautores de delitos de desaparición forzada de persona agravada por la muerte de la víctima y la imposición de torturas seguidas de muerte a una persona privada de su libertad.
El fiscal también pidió que el subcomisario Enrique Nicolás Gianola Rocha, el jefe de sumarios César Daniel Acosta y los agentes Cintia Débora Greiner, Marcelo Alberto Guerrero, Guillermo Hernán Gysel, Rocío Guadalupe Hernández, Esteban Daniel Silva, Romina Anahí Díaz, Ramón José Juárez y Franco Luciano Zorzoli sean condenados a cadena perpetua por su participación en el delito de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima.
En tanto, el fiscal solicitó una condena de catorce años y diez meses de prisión para los agentes Belkis Elisabet González y Rodolfo Jesús Murúa por considerarlos partícipes secundarios penalmente responsables del delito de desaparición forzada de persona agravado por la muerte de la víctima. Asimismo, pidió una pena de cinco años y diez meses para Pablo Andrés Siscaro y Daniel Augusto Escobar, dos miembros de la Unidad Especial de Asuntos Internos, por ser coautores del delito de encubrimiento doblemente agravado.
Por su parte, Alberto Daniel Crespo, el vecino acusado de haber formulado una denuncia falsa para justificar la detención de Casco, fue declarado culpable del delito de falso testimonio y condenado a una pena de tres años de prisión en suspenso. En cuanto al agente Walter Ortiz, la fiscalía solicitó su absolución debido a la falta de pruebas que demuestren su dolo en el caso.
Por último, Arrigo propuso en su discurso una serie de medidas reparadoras, incluyendo la solicitud al Poder Ejecutivo provincial de que tome las medidas necesarias para "desafectar las dependencias de la comisaría 7ª" y convertir ese espacio en un centro para la atención de víctimas y familiares de la violencia institucional de las fuerzas de seguridad. Este centro deberá brindar asistencia jurídica y psicológica a los afectados.
Un repaso por el caso
El 29 de septiembre de 2014, Franco Ezequiel Casco, que residía en Florencio Varela, en el conurbano bonaerense, viajó a la ciudad de Rosario para visitar a sus familiares. En la tarde del 6 de octubre, se despidió de su tía paterna, que le había prestado alojamiento, y se dirigió a la Estación de Trenes Rosario Norte, donde tenía previsto tomar un tren a medianoche para regresar a Buenos Aires.
No obstante, ese mismo 6 de octubre, las autoridades de la comisaría 7ª detuvieron al joven de 20 años. Según el testimonio de otros detenidos, Casco fue encerrado en solitario en una celda, donde lo mantuvieron bajo custodia preventiva mientras verificaban sus antecedentes.
Debido a que Franco nunca arribó a Buenos Aires, su tía realizó una denuncia por su desaparición en la comisaría 20ª. En simultáneo, el padre del joven se trasladó a Rosario. De acuerdo con los testimonios de los familiares de Casco, el padre se presentó en la comisaría 7ª el 8 de octubre y se enteró de que su hijo había estado allí. No obstante, le informaron que lo habían detenido el 7 de octubre y que lo habían liberado esa misma noche, dejándolo en una plaza cercana a la estación de trenes.
El 30 de octubre de 2014, el personal de la Prefectura Naval Argentina descubrió el cadáver de Franco flotando en el río Paraná. Según la autopsia, la víctima había fallecido antes de ser arrojada al agua.
Según la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Federal N°1 de Rosario, los oficiales de policía habrían privado de su libertad a Franco Casco, confinándolo en un calabozo y sometiéndolo a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Es importante destacar que estos hechos tuvieron lugar en un entorno donde la víctima se encontraba completamente indefensa.