Luego de ser imputado como presunto jefe de una asociación ilícita en la causa por supuesto espionaje ilegal, el exministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, rechazó las acusaciones y cuestionó a los fiscales.

En una exposición que duró 32 minutos les dijo a los fiscales que "unvestigan generalmente los delitos cometidos por los pobres de la periferia o algún policía corrupto, pero no las grandes estructuras criminales de poderosos, de los que sobran en la provincia y que tienen una relación directa con las estructuras violentas".

"En esto incluyo a sectores de poder de la policía, de la justicia y de la política. Por eso digo que hay una persecución política a quienes que hicimos lo que nos habíamos comprometido a hacer", agregó.

En la misma línea, se defendió argumentando que "otro objetivo de esta causa es derrumbar investigaciones judiciales en curso".

"He escuchado las acusaciones que hicieron, sobre un supuesto espionaje político con informes de inteligencia, que no eran más que informes que se inscribían en investigaciones judiciales. Creo que ustedes no son ingenuos y saben que van a caer esas causas", precisó.

"O sea, había una causa poco penal y muy política, con supuestas víctimas de algo que no se sabía de qué se trataba. Y también pretenden con esto aleccionar a funcionarios judiciales para que no incurran en lo que hemos incurrido nosotros. Ustedes tenían la orden de perseguirnos con una acción penal de cualquier manera y por eso salieron de pesca", insistió.

"Decisión del gobernador"

En otro párrafo, el exministro vinculó sus acciones con la decisión política de quien lo había llamado para el cargo, el gobernador Omar Perotti: "La política y las estrategias de control del crimen eran claras y fueron decididas por él. Yo no voy a aportar audios privados de intercambio con el gobernador, porque de eso se encargan ustedes, pero les quiero recordar que en la asamblea legislativa del 11 de diciembre de 2019, el gobernador dijo: 'Esto se acabó. Debe haber una línea infranqueable que divida a las instituciones de la criminalidad vinculada al narcotráfico. El desdeño estatal se manifestó en la complicidad policial, pero también judicial y política. Lo hemos visto este último año'. El mandato era claro, había que cortar el vínculo entre política y delito".

Acto seguido, Sain recordó una reunión de presidentes comunales e intendentes del peronismo a fines de 2020, en la que el gobernador había vuelto a referirse al tema: "Ese día dijo que había que dejar de hacer la vista gorda como se había hecho en los últimos doce años, porque por eso pasaba que cada tanto estallaba con violencia la política de seguridad".

"El gobernador siempre estuvo al tanto de lo que hacíamos", dijo varias veces Sain en la audiencia imputativa. Destacó que para llevar adelante esa estrategia, tenían que hacer lo que denominó "análisis criminal". Y aseguró que hay nada novedoso en esto, porque el grueso de esto se hizo con datos de acceso público. Y hago una distinción, porque aún obtenidos a través de empresas que organizan esa información y con un servicio que se compra de información compilada como las que ustedes citaron, eran datos que tenían periodistas y otros actores. La información de acceso restringido requiere de autorización judicial y acá no ha habido eso". 

"Durante los gobiernos precedentes, los de Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz y particularmente en la gestión como ministro de Maximiliano Pullaro. Y han hecho enorme cantidad de informes, esos que ustedes llaman informes de inteligencia, que se hacían desde antes y que inclusive forman parte de esta causa. Porque en la tesis fiscal, hay personas 'ingenuas' que recibían órdenes nuestras que en teoría después se dieron cuenta que eso era un delito", enfatizó.

"Yo no he liderado ninguna estructura de espionaje sobre ningún sector político y empresarial. En Santa Fe el nivel de impunidad es tan grande que cada vez que tirábamos de la soga de un crimen que solía ser en un barrio, terminábamos en una oficina en el centro donde había plata y poder. Nosotros no hemos intervenido teléfonos de manera ilegal, no hemos hecho seguimiento de personas de manera ilegal, no hemos hecho intromisiones en residencias sin orden judicial. Nada de eso ha pasado. Es más, no conozco ninguna víctima de los 'carpetazos de Sain' de los que ustedes hablan".

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