La Cámara de Apelaciones de la 1ra circunscripción judicial, a cargo del juez Jorge Alberto Andrés, ratificó el rechazo al pedido de Marcelo Sain y quienes integraban el Ministerio de Seguridad, ante el pedido de que la causa por supuesto espionaje ilegal pasara al fuero federal.

Se trata de ocho ex funcionarios de la cartera provincial notificados por la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Además de Sain, figuran: Nadia Shujman, Débora Cotichini, Diego Rodríguez, Pablo Álvarez, Milagros Bernard, Germán Montenegro, y Agustina Moulins.

La investigación del fiscal Ezequiel Hernández derivó del hallazgo de "carpetas" y distinto tipo de archivos con información presuntamente recopilada de manera indebida sobre empresarios, periodistas y dirigentes del ámbito santafesino. El sector de Sain sostuvo que se trata de una persecución y que los allanamientos en las oficinas de esa cartera en Rosario y Santa Fe fueron irregulares.

Las defensas de los ocho imputados solicitaron en su momento que la causa se investigara en la Justicia Federal argumentando que así correspondía por los delitos atribuidos, pero la solicitud fue rechazada.

Ahora, ante un nuevo pedido de las defensas de los ex funcionarios, el juez Jorge Alberto Andrés, de la Cámara Penal, resolvió que la competencia de los delitos que aparecen en esta causa corresponde a los tribunales de la administración provincial.

“Si bien le asiste razón a los impugnantes al sostener que los tipos penales contenidos en la Ley 25.520 escapan de la competencia ordinaria, pues únicamente pueden ser autores sujetos especiales cuya calidad no revisten los imputados en las presentes actuaciones, las conductas atribuidas a los mismos encuadrarían en otras figuras penales que sí son de competencia provincial”, señaló en su escrito el juez.

A su vez, agregó: “En concreto, conforme los supuestos de hechos que habría planteado la acusación en las audiencias imputativas, por las acciones que habrían desplegado los imputados estaríamos en presencia de ilícitos de competencia de la justicia ordinaria, la mayoría de ellos vinculados a la función pública (Abuso de Autoridad, Peculado, Malversación de Caudales Públicos, etc.)”.

Por último, resolvió: “Es por estos fundamentos que considero que corresponde la competencia de los tribunales de la provincia para la investigación y juzga-miento de posibles ilícitos penales cometidos por personas que ejercían funciones públicas en la administración central provincial”.