El diputado Julián Galdeano cuestionó al Defensor General de la Provincia, Gabriel Ganón, por un contrato millonario a favor de Enrique Font. Y la respuesta, contundente, no tardó en llegar. La Defensoría fundamentó la designación del criminólogo como Secretario de Prevención de Violencia Institucional, y aclaró que el cargo no requiere acuerdo legislativo.

Galdeano, legislador provincial por la UCR,  había reclamado conocer si hubo un llamado a concurso y si el cargo que se le asignó a Font “no podría cubrirlo otro funcionario del Poder Ejecutivo o Judicial que no reporte semejante erogación a las arcas provinciales”. Al respecto, la Defensoría Provincial se encargó de aclarar que en el año 2012 se convocó a concurso abierto y público para cubrir doce cargos del Ministerio Público de la Defensa y, a través de la Resolución 38, se seleccionó a Font como Secretario de Prevención de la Violencia Institucional y Asistencia al Detenido y al Condenado con categoría presupuestaria de Juez de Primera Instancia, es decir, a cambio de un salario menor del que le correspondería.

También se recalcó que el cargo de Font no requiere acuerdo legislativo y que el puesto de Secretario de Prevención de la Violencia Institucional “resulta fundamental en virtud de lo que el cargo significa para la institución por lo que se encontró en la figura del contrato de servicios una solución rápida pero no permanente para sanear la situación por la que este Ministerio Público de la Defensa se encuentra atravesando”.

A modo de réplica a la denuncia pública efectuada por Galdeano, la Defensoría Provincial dejó en claro que en la designación del criminólogo Font se evaluaron oportunamente “sus habilidades personales y profesionales junto a su vasta experiencia laboral”.

“Sería deseable que los legisladores se preocuparan por garantizar que el Poder Ejecutivo designe a la planta de personal para el cumplimiento de la misión de la Defensa Pública y no inmiscuyéndose en cuestiones de otro poder autónomo del Estado, operando políticamente para aquellos sectores que quieren una Defensa Pública domesticada al servicio del Poder Ejecutivo en detrimento de todos los ciudadanos santafesinos”, concluyó la Defensoría en su comunicado.