La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados realizará este jueves la primera de las audiencias en las que se recibirán testimonios de jueces y funcionarios judiciales, en lo que constituye la segunda etapa de sustanciación del proceso que se lleva a cabo contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, impulsado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores.

Para esta quinta jornada fueron convocados los magistrados Alejo Ramos Padilla (juez federal de La Plata) y Sebastián Ramos (juez federal de la Ciudad de Buenos Aires), quienes -según fuentes del ámbito de la justicia indicaron a Télam- que asistirán al Congreso.

Existía la duda en el mundillo judicial sobre el alcance de la citación: el artículo 250 del código procesal penal incluye a los funcionarios del Poder Judicial de la Nación entre quienes no están obligados a comparecer a los tribunales cuando son citados como testigos, pero el reglamento de la Comisión de Juicio Político dispone lo contrario.

"Los magistrados y funcionarios indicados en el artículo 250 del Código Procesal Penal, con excepción del presidente y vicepresidente de la Nación y los gobernadores y vicegobernadores de las provincias, estarán igualmente obligados a comparecer ante la Comisión a testimoniar", se indica en el reglamento de la comisión, por lo que los funcionarios convocados habrían interpretado que la citación no tiene carácter de opcional.

La convocatoria de ambos magistrados está vinculada al capítulo judicial de la filtración de las supuestas conversaciones por chat a través de la red social Telegram atribuidas a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, y Marcelo D´Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia (en uso de licencia) de la Ciudad de Buenos Aires, en las que se referían a casos que estaban bajo estudio del máximo tribunal conocidos como "Consejo de la Magistratura" y "Coparticipación".

El juez Sebastián Ramos fue quien archivó desde los tribunales federales de Comodoro Py, y a instancias del fiscal Carlos Stornelli, una denuncia vinculada a esos chats, bajo el argumento de que los elementos probatorios incorporados a la denuncia podrían haber sido obtenidos "mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal".

Su colega Alejo Ramos Padilla, en tanto, intervino en una denuncia por los mismos hechos pero presentada ante el fuero federal platense por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y sostuvo lo opuesto en relación a los supuestos indicios de espionaje ilegal.