La decisión del gobierno provincial de finalizar el contrato con la empresa Arssa, concesionaria de la autopista Rosario-Santa Fe, por ahora no evidencia un panorama claro respecto de los plazos del término del vínculo, las posibles deudas entre las partes y las inversiones en obras viales pactadas. A tres meses del anuncio, la demora se ha hecho evidente y desde el Ejecutivo no han informado los avances.

Es por eso que el diputado del Partido Progreso Social (PPS) Héctor Cavallero, presentó un pedido de informe para conocer la situación jurídica actual del contrato de la concesión, especificando si efectivamente se ha avanzado en la rescisión consensuada, y que se informe si el Estado provincial adeuda a la empresa concesionaria dinero o cualquier otro tipo de contraprestación o viceversa.

Al mismo tiempo, busca conocer si se celebraron nuevos acuerdos modificatorios de lo establecido en el contrato de concesión. El ministro de Infraestructura y Aguas, León Garibay, había estimado que la finalización de contrato sería a mediados de septiembre aunque seguiría Arssa por unos meses antes de poner en funcionamiento el nuevo esquema.

Sin embargo, en las últimas semanas dijo que posiblemente se produzca cerca de fin de año. El ministro Garibay explicó que el nuevo concesionario operará el corredor pero las obras serán ejecutadas por la provincia.

Uno de los puntos que retrasa la finalización del vínculo son los estudios previos encargados por el Ejecutivo con distintas universidades. Es por eso que el pedido Cavallero apunta a conocer si se han formalizado convenios con la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de Rosario, tal como declaró el mismo Garibay luego de su visita a la Comisión de Obras Públicas a fin de que estas entidades realizaran auditorías contables y de infraestructura.