El juez federal Ariel Lijo dio lugar este lunes a varias medidas pedidas por la Fiscalía, entre ellas la búsqueda de documentación, dentro de la investigación sobre el papel del presidente Mauricio Macri y el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, en el acuerdo del Gobierno con Correo Argentino. Se iniciará una investigación para determinar posibles "conductas delictivas" para cobrar una deuda que desde 2001 tiene con el Estado la empresa, que fue la adjudicataria del servicio oficial de correo desde 1997 a 2003.

Entre las primeras medidas establecidas por Lijo está la búsqueda de información relativa al concurso de acreedores en que entró la empresa en 2002 y que todavía no está resuelto.

En el marco de esa medida, un grupo agentes se dirigió a la sede del Ministerio de Comunicaciones en Buenos Aires para que las autoridades de la cartera entreguen información de, entre otros asuntos, los antecedentes y proyectos que haya sobre el concurso de Correo Argentino. No se trató de un allanamiento, sino de un "procedimiento" por el que se entregó la información solicitada.

La semana pasada, Macri anunció su decisión de instruir al Ministerio de Comunicaciones de volver a "foja cero" todo lo actuado en el concurso por el Estado tras la fuerte polémica sobre los términos económicos del acuerdo y el supuesto conflicto de intereses dado el vínculo entre el mandatario y los accionistas de la empresa.

La controversia surgió hace dos semanas, cuando la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, cuestionó el acuerdo -aún no homologado por la Justicia- por "abusivo" ya que, en su opinión, implica prácticamente la condonación de la deuda a la empresa.