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El astillero Omega, una suerte de taller flotante dedicado a las construcciones y reparaciones navales, debe dejar el espacio de la costa del Paraná que ocupa a la altura de 27 de Febrero. Desde hace tres años y medio mantienen un permiso precario y desde el Ente Administrador del Puerto Rosario (Enapro), pidieron que se traslade a la Zona Franca paraguaya (a la altura de Cerrito) o al Mangrullo, en zona sur. Pero mientras la mudanza se dilata, la capacidad de trabajo de la empresa se resiente y los trabajadores comienzan a temer por sus puestos.

Por eso, este martes un grupo de trabajadores se acercó al Concejo, donde los recibieron los ediles de la comisión de Producción del Legislativo. En el encuentro, explicaron la situación por la que atraviesa el astillero y que pone en duda la continuidad de los puestos de trabajo. Es que según le manifestaron ante los ediles, desde hace seis meses el Enapro le niega nuevos permisos de ingreso de barcos para trabajar y la actividad se limita a tareas de mantenimiento. En ese escenario, los doce operarios que actualmente forman parte de la planta vieron reducida su jornada laboral de 8 a apenas 4 horas.

Según los trabajadores, la empresa perdió siete oportunidades de negocios con tres barcos y cuatro barcazas que finalmente decidieron realizar sus reparaciones en el vecino país de Paraguay, ante la negativa del Enapro a autorizar el ingreso de nuevos permisos.

“No entiendo por qué en el mientras tanto no los dejan trabajar”, afirmó el concejal Carlos Cossia, uno de los presentes en la reunión. El edil peronista aceptó en diálogo con Rosarioplus.com que el temor de los trabajadores es que no exista tal mudanza y sólo se esté dilatando el cierre definitivo del astillero. De cualquier modo, el veterinario destacó el “total acompañamiento” de los titulares de la empresa. “La intención de la empresa es tomar un lugar definitivo y volver a formar una jornada de 8 horas”, aseguró.

En la reunión, los concejales fueron proponiendo una serie de alternativas para abordar el caso. Una de ellas, fue plantear un convenio entre partes que permita al astillero seguir operando hasta tanto se efectivice el traslado. Asimismo, plantearon citar a los responsables del Enapro a la reunión de labor parlamentaria para profundizar la información.