En Rosario, como en la mayoría de las ciudades del país, la lógica del mercado se impone en materia habitacional. La falta de control estatal se refleja en la sobreoferta de viviendas, una tendencia que se consolidó en los últimos años con el boom del sector inmobiliario. El ladrillo se convirtió un preciado activo para el ahorro. Pero como la demanda no creció a la par, muchísimas propiedades quedaron deshabitadas: en la actualidad hay 79.978 unidades vacías, el 18% del total de viviendas registradas.

La sobreoferta se da en un contexto de crisis habitacional, con alquileres cada vez más asfixiantes y en el que las clases medias y bajas tienen ínfimas posibilidades de concretar el sueño de la casa propia. Según la estimación realizada por Rosarioplus.com, una pareja necesita 78 sueldos íntegros para acceder a un departamento familiar, lo que equivale a seis años y cinco meses de trabajo.

El último informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso) indica que en el Departamento Rosario hay 38.000 familias que necesitan con urgencia un lugar para vivir. La paradoja es tan chocante que si se decidiera entregarle una vivienda en desuso a cada una de estas familias, aún quedarían 39 mil unidades vacías.

Este relevamiento refleja además que al 50% de los hogares (240.876 familias) no les alcanza el ingreso para alquilar un departamento de un dormitorio sin comprometer la satisfacción de otras necesidades. “La exclusión de la propiedad conlleva mecánicamente a desplazar a la población hacia los contratos de alquiler, empujando a Rosario a un proceso de inquilinización”, reza el informe.

Ante este delicado panorama, tanto Ceso como la Concejalía Popular, las dos organizaciones que más han estudiado y trabajado la crisis habitacional, exigen la implementación de un impuesto contra las viviendas vacías, un herramienta que tiene a mano el poder político para contrarrestar las distorsiones del mercado. Medidas similares funcionan con éxito en muchos países europeos.  

“Es imperioso crear un registro para las viviendas ociosas. Rosario tiene un déficit habitacional de casi 40 mil familias. Las propiedades vacías duplican este número. Esto es producto de la especulación inmobiliaria. Por lo tanto, el municipio debe implementar una sobre tasa para que estas viviendas vuelvan al mercado y bajen tanto el valor del alquiler como del metro cuadrado”, analizó Ariel D´Orazio, miembro de la Concejalía Popular en diálogo con Sí 98.9.

En la misma sintonía, el informe de Ceso sostiene que la “erogación de un impuesto a la vivienda vacía y los terrenos baldíos puede ser una positiva decisión gubernamental”, la cual podría concretarse “a través del TGI para las viviendas que no declaren ocupación del propietario o la vigencia de un contrato de alquiler, préstamo o cesión”.

“Dicho impuesto podría elaborarse en base al valor de alquiler que el mercado le imputa a dicho bien o cualquier otra clase de imputación. El fin de este impuesto es incentivar la disposición de las viviendas ya vacías para que se incorporen a la oferta de inmuebles e incidan en la solución habitacional, además contribuiría a prevenir la ociosidad de las futuras edificaciones”, se explica.

Francia y Reino Unido, dos ejemplos

En su relevamiento, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz detalla varios ejemplos de países que han avanzado en políticas públicas destinadas a fomentar las viviendas sociales.

En Francia, se grava con un impuesto aquellas viviendas que hayan permanecido vacías por más de 2 años en las localidades con más de 200.000 habitantes. La base del impuesto es el valor de alquiler del inmueble y su tipo impositivo aumenta en función del tiempo de desocupación: 10%, el primer año de imposición; 12,5%, el segundo; y, 15%, a partir del tercero.

Una medida similar se aplica en el Reino Unido. En la década del 90, se creó la Empty Home Agency, una entidad sin ánimo de lucro fundada con el objetivo de ejercer un papel mediador entre los distintos implicados en el rubro inmobiliario para la búsqueda de soluciones innovadoras que reduzcan al mínimo el número de viviendas desocupadas.

Los distritos pueden forzar al alquiler y/o venta de las propiedades vacías. En este sentido, en el año 2000 entró en vigencia el impuesto a la vivienda vacía donde están exentas en el primer año las viviendas que necesitan refacción, aplicándosele el mismo en los años subsecuentes y con una alícuota cada vez mayor.