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El ajuste y la crisis se agudizaron en los últimos meses con la devaluación del peso. La inflación no se detiene y arrastra a sectores medios y populares, los más perjudicados del actual modelo económico. El nuevo escenario tiene postales muy crudas. En los barrios más postergados falta la comida. La poca plata que circula no alcanza para satisfacer las necesidades más básicas.

La Tarjeta Única de Ciudadanía es una política social que Nación y Santa Fe llevan a cabo desde 2008. Reemplazó a los tickets y a las cajas con alimentos. Se trata de una ayuda estatal directa para los hogares en situación de extrema vulnerabilidad.

Los beneficiarios son aquellos grupos familiares cuyos ingresos no superan el salario mínimo vital y móvil. La tarjeta permite la compra de alimentos básicos en una red de comercios adheridos (supermercados, básicamente) en todo el territorio provincial.

Actualmente hay alrededor de 200 mil beneficiaros, de los cuales 55 mil están en Rosario. El programa supo ser una ayuda real para muchas familias. Desde un tiempo a esta parte, sin embargo, producto del descalabro económico y de la falta de actualización del monto mensual, perdió su sentido: hoy, por ejemplo, los 273 pesos asignados por tarjeta alcanzan para cuatro botellas de aceite.

Este lunes, el concejal Eduardo Toniolli (Partido Justicialista) ingresó un proyecto en el cuerpo legislativo local para que el municipio inicie “gestiones inmediatas” ante el poder Ejecutivo provincial para aumentar el monto de la tarjeta a mil pesos.

En su escrito adjuntó un estudio reciente de la consultora Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso) sobre el costo de vida en los barrios populares de Rosario, que arrojó que para cubrir solamente las necesidades básicas alimentarias, un hogar de los barrios Casiano Casas, La Sexta, La Lagunita, o el Saladillo necesitó en junio 9.076 pesos.

El actual monto rige desde julio de 2016, cuando se actualizó esta partida por última vez. Si se toman las planillas del Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (Cesyac), los productos de consumo masivo (comestibles, carnes, bebidas, frutas y verduras, y productos de limpieza), el incremento de estos dos años supera el 45%.

Algunos ejemplos: el paquete de azúcar pasó de 10 pesos a 22; una bolsa de fideos para guiso de 14 a 24; el kilo de harina de 8 a 21; la media docena de nuevos de 14 a 30, el litro de leche larga vida de 16 a 28, el kilo de pan d 24 a 52 y la polenta de 14 a 28.

Celcio Moliné, referente de la Federación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), definió al actual monto de la tarjeta como “una burla” y afirmó que con estos valores la política social “dejó de tener mucho sentido”.

Para Moliné, hasta la cifra de mil pesos “ya quedó desactualizada”. “El año pasado exigíamos una actualización de mil pesos. En la mitad del 2018 el número debería ser aún mayor. El tema es que nadie nos escucha”, planteó en diálogo con Rosarioplus.com.

Y agregó: “Hoy con mil pesos se compra una canasta básica para una familia tipo por semana. Estamos hablando de 4 mil pesos mínimo por mes. La tarjeta tiene un atraso de tres años.

El dirigente está al frente del Mercado Popular “La Toma”, por lo que conoce el paño. “El cajón de tomate lo pagamos 350 pesos la semana pasada, ahora sale 850”, puso como ejemplo para graficar los estragos que está causando la inflación en el rubro de la alimentación.

“273 pesos equivale hoy a una bolsita con algunos productos. Son cuatro aceites de litros. Y eso que todo sigue aumentando. Es una vergüenza que el monto no se actualice desde mediados de 2016”, afirmó Moliné.

La respuesta oficial

El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia justificó la desactualización del valor de la tarjeta en un presupuesto que no alcanza para satisfacer todas las demandas de la difícil coyuntura.

“Tuvimos que priorizar incrementar las transferencias a las partidas de comedores y copas de leche para no resignar cantidades de raciones en virtud de los incrementos de precios por los costos inflacionarios”, explicaron ante la consulta de Rosarioplus.com.

Desde la Casa Gris detallaron que “históricamente la proporción en el financiamiento de la Tarjeta Única de Ciudadanía fue en porcentaje 50% provincia y 50% Nación” y que hacia fines del 2015 esa proporción se modificó por los aumentos decretados por la administración provincial (70/30%).

En año 2016, cuando se produjo el último incremento por parte de Nación respecto al convenio, las transferencias “se volvieron a equiparar” en mitades iguales.

“Desde ese momento hemos hecho infructuosas gestiones con Nación para lograr volver a tener un incremento en las asignaciones que nos permitiera lograr un aumento en el monto de la TUC”, señalaron mediante un comunicado.

En su defensa, el Ministerio de Desarrollo Social aclaró que el beneficio de la tarjeta es compatible con otros programas nacionales tales como la AUH y las pensiones nacionales no contributivas gracias a la “firme decisión” del gobierno provincial de no claudicar ante la insistencia de Nación de declarar la incompatibilidad de programas.  

“Esto claramente disminuiría los ingresos familiares de los grupos que reciben tales beneficios”, concluyeron.