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Los tarifazos no parecen tener techo y el ministro de Energía de la Nación, Javier Iguacel, anunciará que el costo de los servicios de luz y gas aumentarán antes de fin de año entre el 25 y el 30 por ciento. 

El nuevo golpe al bolsillo sería por la necesidad urgente del gobierno de reducir el gasto fiscal, sin embargo, el Gobierno Nacional no puede anunciar un nuevo aumento de tarifas sin haber convocado antes a audiencia pública.

Desde agosto de 2016, después del fallo de la Corte Suprema, la cartera energética realizó audiencias para debatir el precio mayorista de la energía, el valor del gas en boca de pozo, y la revisión tarifaria para transportadoras y distribuidoras gasíferas y para Edenor y Edesur. No obstante, al incrementar el costo mayorista de la energía, es de perogrullo que luego todas las distribuidoras provinciales -como la EPE santafesina- trasladan el alza a sus tarifas.

Según manifestó Iguacel en un programa de televisión, el aumento en la electricidad será inferior al 30%, pero hay que considerar por un lado el precio de la energía y por el otro el transporte y distribución, y que el primero representa el 40% de la factura con impuestos, y el segundo el 38% aproximadamente.

Si se revisa el precio mayorista, se debe decidir si se traslada al público la devaluación que está en torno al 43%, segundo si ese traslado será o no retroactivo, y tercero si además se quieren seguir reduciendo los aportes del Tesoro a Cammesa, la empresa operada por el Estado que opera el despacho eléctrico.