__tadevel:head__

La refinería de Oil Combustibles en San Lorenzo continúa "parada sin plan de salvajate", lo que la coloca "cada vez más cerca de la quiebra" y mantiene en incertidumbre a sus 450 empleados, aseguraron este jueves fuentes gremiales. La planta del Grupo Indalo, perteneciente al empresario kirchnerista Cristóbal López, cesó hace quince días su actividad por falta de recursos para adquirir petróleo crudo y producir asfalto, sus principales productos.

"La situación es que la refinería está parada y no hay en marcha un plan de salvataje ni de funcionamiento en el corto plazo", dijo Héctor Brizuela, secretario general del Sindicato Unido Petrolero e Hidrocarburífero (Supeh).

El dirigente, que desde hace días mantiene una protesta frente a la planta junto a los 450 empleados de la refinería y a otros dos gremios, explicó que también "está muy complicado el expediente concursal" que atraviesa la compañía. Y pronosticó que "se acerca cada vez más a la quiebra".

Brizuela aseguró que "la actividad es rentable" ya que la refinería de San Lorenzo "es una de las únicas tres que hay en el país", por lo que barajan "la alternativa que nos da la ley", es decir, formar una cooperativa.

La empresa Oil Combustible se presentó en concurso de acreedores pero su trámite, que lleva adelante el juez comercial Javier Cosentino, atraviesa múltiples complicaciones.

El principal acreedor es la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), que obtuvo de la Justicia un embargo por 900 millones de pesos mientras le reclama una deuda cercana a los 8 mil millones de pesos en concepto de retención indebida del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC).

Paralelamente, el juez federal Julián Ercolini procesó con prisión preventiva por administración fraudulenta a López y a su socio en el Grupo Indalo, Fabián De Souza, e inhibió los bienes de la compañía a la vez que les trabó embargo por 17 mil millones.

Esa situación procesal frenó el traspaso de las empresas del grupo al fondo de inversiones OP Investments que lidera Ignacio Rosner, designado por la Justicia como administrador.

Tras una reunión que mantuvo con los empleados, el ministro de Trabajo de Santa Fe, Julio Genesini, dijo que el gobierno provincial busca "sostener la continuidad de los puestos de trabajo de una planta que ya está paralizada". 

De acuerdo al Supeh, la planta tiene 450 empleados directos y unos 1.000 vinculados en forma indirecta.