Este lunes, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció un programa de estímulo destinado a pequeños productores agrícolas cuya comercialización anual sea igual o inferior a 700 toneladas en los cuatro cultivos más importantes. Decimos comercialización y no producción porque suponemos que la medición se hará respecto de lo efectivamente ingresado al mercado .De todos modos, no habría que descartar que esto implique un desestímulo con relación al acaparamiento no ofertado contenido en silos bolsa u otro tipo de almacenamiento.

Se trata de la –tantas veces– reclamada y enunciada “segmentación” de las retenciones. Estas no existen desde un punto de vista normativo. Lo que existe, en cambio, es el derecho que se paga por las exportaciones y que las compañías exportadoras depositan en Afip. No existe un comprobante de “retenciones”, sino que lo que existe es un precio pagado por el segundo eslabón de la cadena al primero, al productor, por debajo del precio de mercado. En otras palabras, es un precio que tiene deducido el presunto derecho de exportación.

La pregunta es por qué al productor le pagan este precio menor. Se parte de varios supuestos para esto. El primero es que todo se va a destinar al mercado externo, con lo cual el cultivo estaría sujeto al pago de los derechos de exportación antes enunciados. El segundo es que, por ejemplo para el caso de la soja, no se sabe bien qué forma va a adquirir a la hora de ser exportada (harina, aceite, biodiesel o grano) no obstante lo cual es tratada de modo homogéneo. Por lo tanto, el precio que percibe efectivamente el productor tiene una deducción que ni este ni quien le compra saben, en ese momento,si obedece al destino final de la producción comercializada. El que deposita el dinero es el exportador, pero el detalle es que a lo largo de toda la cadena es el productor, como primer eslabón, el que se hace cargo de la parte más gorda de aquel ingreso fiscal. En concreto: al productor le descuentan todo el porcentaje de “retenciones”, pero a la hora de exportar, puede que se pague, finalmente, menos.

Nuestra estimación es que por cada $100 que depositan los exportadores en concepto de Derechos de Exportación, $95 son a cargo del productor, el primer eslabón de la cadena, independientemente de su tamaño. Como la suma de las “retenciones” no posee registro estadístico, es probable que la suma de las deducciones de precio sufridas por los productores, en concepto de “retenciones” sea superior a la suma de los derechos de exportación efectivamente ingresados en las arcas de la Afip. Es la asimetría en las relaciones de poder intra-empresariales, la que define cómo se reparte el peso de los derechos de exportación a lo largo de la cadena y las cuotas de ganancia que se apropia cada segmento, vía precio.

El estímulo presidencial anunciado, refiere a 46.121 productores sobre un total de algo menos de 67.000, los que constituyen casi 70% de la población empresarial que se dedica a esto. Se estima que representan algo menos del 12% de toda la producción y que anualmente destinan a la comercialización hasta 700 toneladas de cereales y oleaginosas. El programa arranca el próximo 15 de abril y será depositado, por transferencia electrónica, a la cuenta bancaria del productor.

Para recibir mayor reintegro, siempre con el tope de 700 toneladas anuales, se supone que el productor “blanqueará” todo lo necesario para cobrar el estímulo. También es probable la existencia de sub-declaración, por parte de algunos productores, para no exceder las 700 toneladas que le otorgan el derecho a la percepción del estímulo o para entrar en un rango de estímulo mayor. En todo caso, la astucia e inteligencia de la redacción de la reglamentación y una mejor sintonía en la información disponible del estado nacional, pueden reducir la probabilidad de maniobras elusivas. ¿El estímulo es mucho o e poco? Depende de las expectativas y situación de cada productor. El efecto es el de una disminución de la “retención” que sufre a manos del segundo eslabón de la cadena. Los topes del estímulo son, para quien comercializa hasta 100 toneladas, $450 por cada una de ellas y para quien comercializa entre 601 y 700 toneladas, el 10% de aquella cifra, esto es $45 por tonelada, los dos casos extremos de los siete segmentos anunciados por la presidenta.

La nota es que, exceptuando a los pequeños, hay un tercio de los productores que explican casi 90% de la producción y si achicamos el número de productores aproximándonos a la parte superior de la pirámide, nos encontraremos con una imagen similar a la del sector industrial, comercial o bancario, esto es mayor concentración y centralización del capital en unas poquísimas manos. A la hora de debatir las desigualdades en Argentina, toda medida redistributiva que pretenda atenuarlas y que en general suma consensos mayoritarios, si no son acompañadas por medidas que apunten a las causas que las generan, tendrán una vida efímera y en general tumultuosa.

Sergio Arelovich

​Red de Economía Política de Rosario