En los últimos tres meses, el ministerio de Trabajo de Santa Fe detectó tres casos de explotación laboral en campos de la región. En Labordeboy, localidad ubicada a 130 kilómetros de Rosario, una firma de renombre del sector tenía a 48 peones oriundos de Santiago del Estero trabajando más de 12 horas en el desflore del maíz por. Cobraban menos de lo que estipula el convenio de trabajo, arrastraban una deuda salarial y muchas horas extras impagas.

En Santa Teresa, los inspectores se toparon con un grupo de 32 personas, entre las que había siete niños de entre 12 y 15 años trabajando en condiciones deplorables en una cosecha de arándanos, mientras que en Pueblo Esther descubrieron a 21 peones --muchos de ellos de nacionalidad boliviana--totalmente precarizados: no tenían recibos de sueldo, aportes al sistema de la seguridad social, constancia de servicio de ART o seguro de vida.

Sebastián Premici es uno de los periodistas argentinos que más ha investigado sobre lo que ocurre en los campos tranqueras para dentro. A fines del año pasado presentó “De patrones y peones. Los aliados esclavistas de Mauricio Macri”, un libro que desentraña la matriz de complicidades que hoy más que nunca permite la precarización y explotación de los trabajadores rurales, el último eslabón de uno de los sectores más rentables del país.  

Encontró en su función de cronista de Página 12 el primer disparador para inmiscuirse en la situación laboral de los trabajadores de la tierra. Fue en 2008 en pleno paro de las entidades agropecuarias contra el incipiente gobierno de Cristina Fernández. 

“Me tocó cubrir los cortes de rutas en Gualeguaychú. Si bien estaban llevando adelante un lockout patronal, tranqueras adentro de sus campos seguían produciendo, nunca dejaron de ganar plata; y quienes seguían produciendo eran los peones. De ellos nadie hablaba, estaban como invisibles”, le explica Premici a Rosarioplus.com.

Ese puntapié derivó en dos líneas de investigación: por un lado, los casos concretos de Luis Etchevehere, presidente de la Sociedad Rural, y Ramón Puerta, actual embajador argentino en España, ambos con un pasado oscuro respecto a los vínculos con sus trabajadores. El dirigente rural tuvo a dos hermanos explotados durante 38 años en uno de sus campos. El ex senador tiene una causa abierta por delito de explotación laboral, trabajo infantil y trata de personas contra 40 tareferos en un campo de su propiedad, en Misiones.

Los movimientos de Gerónimo "Momo" Venegas, secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) dentro del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), el organismo encargado de la fiscalización en el sector rural, cerraron el círculo de la investigación.

En 2011, el Renatre perdió poder con la aprobación de la ley 26.727 sobre el Nuevo Régimen de Trabajo Agrario. La creación de otro organismo, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatea), posibilitó un importante salto cualitativo en el control de los peones. Sin embargo, el año pasado, el gobierno desmanteló este ente y le encomendó a Venegas restaurar el antiguo Renatre.

“No es casualidad que una de las primeras decisiones de Cambiemos haya sido la eliminación de las retenciones al sector agropecuario y en esa línea devolverle a Venegas el Renatre. Por un lado, una transferencia enorme de recursos económico y, por el otro, el disciplinamiento social. La lógica del gobierno es transferirles ganancias a empresas amigas y disciplinar a los trabajadores. Esta lógica se ve con claridad en el sector agropecuario”, afirma Premici.

-¿Qué hay detrás de los tres recientes casos de explotación laboral en campos santafesinos?

-La explotación es sistémica, no son casos aislados. Hay una matriz de complicidad entre cámaras empresarias, patronales agropecuarias, dirigentes políticos y sindicales. Asociación de Cooperativas Argentina (ACA), la firma involucrada en uno de estos casos, está vinculada a Coninagro, que hoy forma nuevamente parte del Renatre, organismo que está conformado por cuatro dirigentes de Uatre, más un dirigente de cada una de las patronales agropecuarias que en su momento formaron la Mesa de Enlace, de ahí su complicidad con la explotación laboral en los campos. Este registro lo único que hizo fue tercerizar contratos a empresas vinculadas a Uatre que supuestamente eran las que iban a fiscalizar. Los balances dan cuenta que se giraron millones de pesos a estas empresas que jamás se encargaron de fiscalizar el trabajo en el sector rural. La venia también viene de algunos empresarios que utilizan el trabajo informal y la explotación laboral para maximizar ganancias.

-¿Qué argumentan los empresarios para justificar esta explotación?

-Además de los propios trabajadores explotados, el libro cuanta con el testimonio de Puerta, Etchevehere y Venegas. Hay una forma con la que estas personas blanquean el delito que cometen y es la de argumentar una cuestión cultural. Para ellos es cultural que las familias vayann con sus niños y éstos terminen trabajando en campo. Naturalizan la explotación. La fiscalía de Posadas, para dar un ejemplo, determinó que Puertas se benefició como dueño del campo y como dueño de la firma que industralizaba la yerba mata. Su rentabilidad extraordinaria proviene de la explotación laboral.

-Los ejemplos que citás son de grandes empresarios, lo que es aún más inexplicable.

-Pero va más allá de pequeños o grandes empresarios. Los pequeños también deberían tener en blanco a todos sus trabajadores. Pero hay un aprovechamiento de la vulnerabilidad del trabajador. Se estima que existe un 70% de trabajo informal. Se presiona con la demanda, se impone un pago en negro y si no gusta, se amenaza con que aparecerá otro trabajador. Ahí es donde se ve la complicidad institucional del gremio, de la Uatre y ahora nuevamente el Renatre. La alianza del gremio con las patronales agropecuarias no es un mero vínculo simbólico. Sirve para ocultar estas relaciones de informalidad.

¿Cuánto se agravó este escenario con la llegada de Macri al poder?

-Estas relaciones laborales no son nuevas y exceden a los últimos 10 años. Pero en los últimos años se había puesto la lupa en este tipo de relaciones y en la sumisión hacia los trabajadores rurales. Había todo un esquema de protección que fue rápidamente desmantelado. No es casualidad este nuevo disciplinamiento social que ya lo empezamos a ver en todo el campo laboral.

-¿Por qué estamos ante un tema silenciado? ¿Tan fuerte es la protección mediática?

La protección es total. Tanto mediática como política. Uno no va a ver dos notas seguidas de este tema en Clarín, La Nación o en medios audiovisuales. Este encubrimiento mediático es total porque muchos medios de comunicación son socios económicos de estos sectores empresariales. Tienden a protegerse de manera corporativa. Como nada se habla de estos temas es difícil encontrar un seguimiento sistemático de la situación de los trabajadores rurales.