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La causa de Gerardo Escobar pasó al fuero federal

La jueza Georgina Depetris resolvió este lunes que la causa por la muerte de Gerardo Escobar pase al fuero federal. La magistrada consideró que personal policial estuvo involucrado en la desaparición y muerte del joven, por lo tanto, el caso no debía continuar en la justicia provincial.

"La Justicia federal tiene competencia por la desaparición forzada de personas", explicó Guillermo Campana, abogado querellante en representación de la hermana de Pichón, en diálogo con Sí 98.9.

"La jueza entiende que en este caso hay personal del estado que ha participado en una detención y desaparición de una persona", dijo el letrado y agregó: "Esperemos que se avance en la investigación de qué pasó con Gerardo en este hecho aberrante".

El cambio de carátula de la causa tuvo varias idas y vueltas. El 2 de septiembre, el juez Caterina rechazó el cambio de carátula, apoyando los argumentos que habían tomado tanto la defensa de los imputados como la Fiscalía. El 23 de noviembre, la jueza de segunda instancia, Georgina Depetris, resolvió que la investigación por la muerte de Gerardo Escobar continúe a cargo de la Justicia provincial, confirmando la decisión de primera instancia.

Sin embargo, en diciembre, el juez Luis María Caterina dispuso que la investigación de las circunstancias que rodean la muerte de Escobar pase a la Justicia federal al entender, como insisten los querellantes, que hay nuevos indicios para considerar que el caso configura el delito de “desaparición forzada de persona”. La resolución del magistrado fue confirmada por Depetris este lunes.

Escobar tenía 23 años y el 14 de agosto pasado acudió a bailar al bar La Tienda, en Tucumán al 1100. De allí salió y hasta ahora no quedó en claro qué fue de él. Lo cierto es que una semana después su cadáver apareció flotando en el río. La autopsia y exámenes posteriores indicaron que la causa de muerte fue asfixia, aunque no por sumersión en el agua. Hay cinco personas involucradas, todas relacionadas con el sistema de seguridad y vigilancia del local que, luego, fue clausurado por la Municipalidad. 

Por el crimen de Pichón se encuentran imputados cinco personas, entre ellas dos policías sanrafesinos,  cuatro por encubrimiento y el restante por homicidio.

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