El presidente Mauricio Macri, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay y el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, fueron imputados por la emisión "abusiva" de títulos de deuda de corto plazo (Lebacs) bajo la sospecha de que habrían "manipulado" el "verdadero valor de la divisa".

La causa se inició a partir de una denuncia presentada en noviembre por un grupo de diputados kirchneristas, quienes acusaron al gobierno por la aplicación de una política monetaria que -entre diciembre de 2015 y octubre de 2016- habría generado "daños a las arcas públicas".

La fiscal Paloma Ochoa fue quien elevó la imputación, y le solicitó al juez Daniel Rafecas que realice una batería de medidas de prueba para avanzar con la investigación. La fiscal sostuvo que la "emisión abusiva" de títulos de deuda pública interna (a través de la herramienta financiera de los Lebacs) y externa (por medio de bonos) "habría ocasionado un significativo detrimento de las arcas del Estado nacional en beneficio de determinados grupos económicos".

Ochoa remarcó que, "ante la evidente disparidad entre el valor real del dólar y el precio ficticio que le fuera asignado", los grupos económicos citados "aprovecharon la ocasión para obtener dólares a valores ficticios y sin límite alguno que luego fraguaron del sistema financiero argentino".