Ecosistemas de Santa Fe en riesgo por la falta de recursos

El 2017 será el peor año de asignación nacional presupuestaria para preservar los bosques nativos, que en Santa Fe representan el 14% de su superficie total. El Congreso trabó además la Ley de Humedales, uno de los patrimonios naturales más amenazados de la provincia

El ajuste que propone el gobierno para el 2017 causará un silencioso estrago en los ecosistemas del país, una superficie muy castigada por el hombre y de vital importancia para la regulación climática, el mantenimiento de los caudales de agua y la regulación de inundaciones y sequías, entre otras bondades naturales. Santa Fe es una de las provincias que más sufrirá el recorte presupuestario para preservar los bosques nativos y el freno político para trabar la Ley de Humedales, un proyecto que pretendía asignar recursos mínimos para su protección.

El territorio santafesino tiene 1.853.791 hectáreas de bosque nativos, lo que representa el 14% del total. Hay zonas que requieren un alto valor de conservación que no deben transformarse que recorren casi toda la franja este; y otras zonas de mediano valor de conservación habilitadas para el aprovechamiento sostenible, el turismo y la investigación científica, desparramadas por el centro y norte de la provincia.

A grandes rasgos, los bosques nativos cumplen funciones imprescindibles para el medio ambiente. Demoran cientos de años en generarse y en llegar a una situación de perfecto equilibrio.  Cuando desaparecen, el suelo queda a merced de las adversidades climáticas, generando daños irreparables. La biodiversidad, los ciclos de agua y la fertilidad de los suelos varían según el grado de conservación de los bosques.

En los que respecta a humedales, la provincia cuenta con tres sitios protegidos o “sitios Ramsar”, nombre de la ciudad iraní en donde en 1971 se firmó la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional. El pacto unificó requisitos para que los países puedan identificar aquellos lugares que revisten mucha  importancia para la conservación de la diversidad biológica mundial.

Argentina tiene actualmente 23 humedales con estas características que alcanzan una superficie de 5.625.407 hectáreas. El último sitió en agregarse a esta lista -enero de este año- está en Santa Fe. Abarca  240.000 hectáreas en el Delta medio e inferior del río Paraná. Los otros dos son Jaaukanigas, ubicado en el extremo nordeste provincial, en el departamento General Obligado, y la laguna Melincué, en el sureño departamento General López.

La laguna Melincué, humedal protegido en Santa Fe

Son tres corredores biogeográficos en el que conviven una gran diversidad de ambientes, flora y fauna. Se trata de zonas de tierras, generalmente planas, cuya superficie se inunda de manera permanente o intermitentemente. Al cubrirse regularmente de agua, el suelo se satura, quedando desprovisto de oxígeno y dando lugar a un ecosistema híbrido entre los puramente acuáticos y los terrestres.

Ecologistas y científicos denuncian desde hace años que la mano del hombre, la voracidad del sector privado y la inacción estatal “ponen en peligro” la conservación de los bosques nativos y de los humedales santafesinos. La desaparición de los primeros provoca, en parte, la degradación de los segundos, de por si en jaque por el avance del monocultivo y la proliferación de del mercado inmobiliario a la vera del río Paraná.

Ecologistas denuncian que los humedales santafesinos están en riesgo

La Ley de Bosques, con el presupuesto más magro desde su sanción

En noviembre de 2013, se aprobó el proyecto de ley por el cual Santa Fe adhirió a la Ley Nacional de Bosques Nativos Nº 26.331, reglamentada en 2009. El texto permitió poner en vigencia la protección ambiental en tres categorías de conservación identificadas con los colores rojo, amarillo y verde. Se confeccionó un mapa oficial con esta tipificación.

Se establecieron zonas rojas, donde la tala está prohibida; zonas amarillas, donde se autoriza un uso sustentable del recurso, y zonas verdes, donde las topadoras están autorizadas a avanzar previa audiencia pública. La normativa exige además respetar derechos de indígenas y campesinos sobre los bosques que habitan y asigna un fondo para la protección de los bosques.

La alcancía tiene dos formas de financiamiento: las partidas presupuestarias que el Ejecutivo asigna anualmente, “las que no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional”, y el 2% de las retenciones a las exportaciones agroganaderas y del sector forestal. Lo recaudado debe ser distribuido a las provincias de acuerdo con el porcentaje de bosques nativos declarado por cada jurisdicción.

La Ley de Bosques tiene cada vez menos presupuesto

De 2009 a esta parte, el poder Ejecutivo nacional jamás cumplió con estos porcentajes. Pero en 2017 el desfinanciamiento caerá a niveles alarmantes. Por ley, el fondo debería tener a su disposición más de 7 mil millones de pesos. Sin embargo, solo recibirá 270 millones, lo que equivale al 3,8% de los recursos necesarios para cumplir con la ordenanza.

“Se trata de la peor asignación presupuestaria para los bosques nativos desde que se conformó el Fondo. Supone una situación de extrema gravedad que atenta contra el principio de progresividad consagrado en la Ley General del Ambiente según el cual el Estado debe comprometer, conforme pasa el tiempo, cada vez más recursos para los asuntos ambientales”, denunciaron La Fundación Vida Silvestre Argentina y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) en un comunicado en conjunto.

“Sin dejar de reconocer que existe en Argentina una variedad de problemáticas sociales que necesitan ser abordadas por el Presupuesto 2017, es nuestro deber, como organizaciones y referentes ambientales exigir que las urgencias ambientales de nuestro país reciban también el debido tratamiento presupuestario a fin de asegurar la supervivencia de nuestros ecosistemas, de cuyos servicios ambientales se benefician los más de cuarenta millones de argentinos”, explicaron.

Las ONGs entregaron trazos gruesos sobre la problemática: hay una pérdida anual de 180.000 hectáreas de masa boscosa, desde 1990 se perdieron 7,6 millones de hectáreas (el equivalente a la provincia de Formosa) y Argentina ocupa la novena posición país  entre 234 países que menos cuidan sus árboles nativos, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La ley de Humedales, lobby y traba en el Senado

El Parque Nacional Islas de Santa Fe, sitio Ramsay desde enero de 2016

Las últimas inundaciones que sufrió el litoral argentino pusieron bajo la lupa las exasperantes dilataciones para sancionar una ley de humedales, que en algunos casos hasta llegó a tener media sanción en el Congreso (2013). Al asumir en su cargo, el propio presidente Mauricio Macri anunció que su gobierno impulsaría una normativa para revertir el mal estado de estos ecosistemas, pero nunca elaboró un  propio.

Semanas atrás, el Senado se prestaba a aprobar un bosquejo elaborado por la oposición que contaba con una amplia adhesión, entre científicos, académicos y organizaciones ecologistas. Pero a última hora el oficialismo decidió reenviar el texto nuevamente a comisiones.

La inesperada carta la jugó el presidente de la comisión de Agroindustria, el ruralista Alfredo de Angeli, decidió firmar un dictamen en minoría al no estar “totalmente” de acuerdo con el espíritu del proyecto.

La ley proponía un ordenamiento territorial de humedales que hará posible acciones de protección en estos ecosistemas, fundamentales para aliviar inundaciones y proveer de agua potable. Además, incorporaba una moratoria para impedir la continuidad de las obras o el inicio de actividades nuevas que impliquen cambios del uso del suelo.

El senador Fernando “Pino” Solanas, uno de los impulsores del proyecto, denunció que  el macrismo está frenando el debate por las diferentes presiones del sector sojero, inmobiliario y minero.  “Existen presiones del lobby del agronegocio, que pretende que no exista ninguna normativa, por mínima que sea, que proteja los humedales”, se quejó.

“Sigue habiendo muchos lobbys del ámbito productivo que están jugando en contra. Esta todo otra vez frenado al girarse a la cámara de agricultura, donde obviamente la comisión no fue muy receptiva del proyecto”, opinó en la misma sintonía Daniel Blanco, director de la Fundación Humedales.

Los tiempos urgen y juegan a favor de la estrategia oficialista. Es que de no tratarse nuevamente en los próximos días, la iniciativa perderá estado parlamentario, por lo que el debate recién se retomaría en marzo del 2017.

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