Comerciantes acusan que la venta ambulante está monopolizada

La pelea de los manteros en Buenos Aires reactualizó el debate. En Rosario, desde la Asociación Casco Histórico denuncian que una sola persona controla 130 puestos de vendedores callejeros, a quienes provee y habilita a trabajar si ella quiere. Silencio del sindicato que los agrupa. Desde la Municipalidad lo niegan

Fue el presidente de la Asociación Casco Histórico, Fabio Acosta, el que tiró la bomba a través de su cuenta de Twitter. Según el dirigente, una sola persona maneja más de un centenar de puestos de venta ambulante en la ciudad, cuando los permisos son individuales e intransferibles. Sin embargo, desde la Municipalidad desmienten esa versión: "No detectamos que nadie regentee la actividad", afirman desde el Palacio de los Leones.

La versión de la organización empresarial aduce que hay un
intermediario poderoso entre el municipio y los puestos de venta ambulante.

Mientras la venta callejera agita Buenos Aires con la protesta de manteros -y su posterior represión y desalojo- al instalar 2 mil puestos de venta ilegal, en Rosario la actividad está regulada, o por  lo menos la Municipalidad eso intenta. Sin embargo, para quien preside la Asociación Casco Histórico los papeles no están tan en orden. 

 
Acosta aseguró que “los puestos fijos responden a una sola persona, la cual dice ser parte de un sindicato inexistente”. Esta persona, siempre según el referente, es el proveedor de la mercadería que se ofrece en los puestos callejeros, y quien gestiona los permisos que entrega el municipio para la venta ambulante, según dispone la ordenanza 7703, en la Dirección General de Habilitación de Industrias, Comercios y Servicios de la Municipalidad de Rosario. La alusión del comerciante apunta al Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (Sivara), que en Rosario estuvo representado por Jesús Lazarín. Este gremio existe desde 1973, y cuenta con 16 delegaciones regionales en el país. 

 

En el caso del comercio callejero, los permisos municipales son anuales, están diferenciados por rubros (desde venta de praliné hasta de bombachas) y son intransferibles. Pero Acosta insiste con su denuncia: "Además, ahora está representando a los vendedores de relojes y joyas de origen extranjero. Es una persona que se maneja movilizando gente, como en Buenos Aires, usan como escudo humano a la gente que necesita laburo", denunció Acosta.

Para este comerciante que defiende los intereses de su sector desde la ONG Casco Histórico, “no debe haber intermediario entre la Municipalidad y el vendedor". Y sumó otra grave imputación: "Se dieron muchos permisos de venta para discapacitados, pero no son personas discapacitadas las que atienden".

Acosta considera que lo ideal para los vendedores callejeros es que "formen una organización que los represente legalmente como ocurre en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)", que funciona en La Toma (Tucumán y Corrientes).

La respuesta oficial

Fuentes consultadas en off the record en los organismos de control municipal avalaron de manera extraoficial el relato de Fabio Acosta, y vincularon a esa persona con el sindicato de vendedores. Contaron que esa organización tiene un depósito en el microcentro, de las dimensiones de un negocio mayorista, y que de allí se abastece buena parte de los puestos de venta que hay en esta zona clave de la ciudad.

Sin embargo, la versión oficial del municipio contradice y refuta esa versión. Consultado por Rosarioplus.com, el subsecretario de Control del municipio, Guillermo Turrín, desestimó la denuncia del dirigente mercantil. Para el funcionario, no existe una organización detrás de los 350 puestos habilitados en la ciudad.

“Controlamos lo establecido por la ordenanza 7703 para que cada vendedor tenga su permiso personal e intransferible. No detectamos que nadie regentee la actividad. Cada uno puede tener personas que atiendan pero también deben estar inscriptas. No hemos tenido que levantar puestos porque no tenían identificación”, respondió el funcionario.

En cambio, sí han labrado actas porque los puesteros estaban comercializando mercadería prohibida, como artículos de pirotecnia, algo que en Rosario está prohibido. Según Turrín, la actividad es dinámica pero la cantidad de puestos nunca desciende y la instancia de control se pone a prueba cerca de las fiestas. “Cuando se reglamentó la ordenanza en 2003 se creó un registro en el que había más de 7 mil anotados. Existe lista de espera. Los permisos se dan por año y deben revalidarse con un trámite”, concluyó el subsecretario de Control.

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