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Presunto caso de incesto llegó a la ONU: jueces y funcionarios en la mira

El caso de una joven que denunció haber sido violada durante años por su padre fue tratado por la comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas. La víctima es acompañada por concejales y ONG, que reclaman que la justicia responda, que el gobierno provincial otorgue una reparación y que haya capacitación para saber enfrentar los casos de violencia de género

Un caso testigo. Una joven santafesina de 23 años de clase humilde denunció que, desde que tenía 13, fue violada reiteradamente por su padre, militante de la UCR. Sus dos hermanas mayores habrían sufrido los mismos vejámenes, pero nunca se animaron a denunciarlo. Con su madre no tenían vínculo y la concubina de su padre era cómplice. 

Son muy pocos los casos de abuso sexual a menores en el país que llegaron a resolverse con la ayuda de organizaciones: un caso de una joven violada por criollos en Chaco y otro de una joven discapacitada en Buenos Aires. Este caso registrado en Santa Fe fue el primero en ser tratado por la comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas.

Es que el caso lleva años sin resolverse en la Justicia: cuando al fin la joven se animó a denunciar a su padre, un juez de Reconquista lo terminó absolviendo. La causa volvió a abrirse en la ciudad de Vera, donde luego de un largo proceso el juez Nicolás Muse Chemes decidió que el hombre era inocente, absolviéndolo nuevamente.

Es por eso que la joven, quien logró rehacer su vida con una pareja y hoy padre de su hijo, debió escapar de Reconquista, su ciudad natal, por miedo a represalias de su padre. Desde entonces vive en Rosario, y la acompañan en su reclamo de justicia las ONG Insgenar y Cladem, quienes consiguieron que el caso sea escuchado en la ONU.

La concejala del PJ, Norma López, contó a la prensa que “en 2011 con la concejala de Reconquista Soledad Salazar tomamos conocimiento de este caso, y lo denominamos caso SER por cuestiones de privacidad de la joven, y convocamos a las ONG para solicitar en conjunto la reparación de esta joven, ya que la justicia provincial dio por cerrado el caso”.

Ahora la causa, además de buscar una condena para el progenitor de la joven, encuentra responsables al Estado Provincial por abandono de persona (ya que es responsable de las garantías individuales) y al Estado Nacional por no garantizar justicia.

La representante de Cladem Viviana Della Siega explicó que “la joven no quiere un subsidio, quiere trabajar para insertarse dignamente en la sociedad, como madre y mujer que ahora es”.

Tras años de reclamos de las ONG al gobierno provincial por una reunión que determine los pasos a seguir, finalmente el próximo 4 de febrero será la fecha clave; habrá una reunión en la que participarán la Cancillería General de la Nación, el ministro de Justicia provincial Ricardo Silberstein, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el Consejo Federal de Mujeres, y las ONG que acompañan a la joven.

Éstas últimas van a reclamar la reparación individual (trabajo, vivienda e indemnización) y garantía de no repetición del Estado nacional, para lo cual el padre debe volver a juicio, un perdón público del Estado provincial, y que la Justicia provincial sancione a los jueces que estuvieron a cargo de la causa y fallaron a favor del agresor.

Este caso es paradigmático por sus alcances, ya que busca sentar jurisprudencia para que tantas otras jóvenes y niñas con bajos recursos se animen a denunciar, y fiscales y jueces aprendan a tratar los casos con las capacitaciones de género. De esta manera se intenta revertir una situación histórica de la provincia de Santa Fe, principalmente en el norte, donde se registran muchos niños abusados por sus padres u otros adultos de la familia.

La presidenta del Concejo de Reconquista Soledad Salazar lanzó en diálogo con la prensa que en la misma ciudad donde vivió la joven de este caso, hay “una denuncia cada tres días”, y que “muchas veces las jóvenes no denuncian, ya que son pobres, no tienen defensa, y los jueces están del lado de los victimarios”.

Esto sucede porque, como explicó la representante de Insgenar, Susana Chiarotti, “los jueces vienen de formación patriarcal, por lo que ven natural el abuso de poder de los adultos hombres, y dudan de la voz de los menores, una mirada sesgada de género”.

Chiarotti y Viviana Della Siega coincidieron en la importancia de llegar a un acuerdo tras la reunión de febrero con las autoridades provinciales, nacionales y de la ONU, para que la Justicia santafesina tenga capacitaciones sobre los derechos de género obligatorias, ya que “hay que formar a los jueces para que estas causas, que tanto esfuerzo llevan a las chicas a denunciar, no se caigan como suele suceder”.

Es que como aclararon, “no importa cuan pobres sean las víctimas, queremos que las organizaciones internacionales lo reclamen para que estos casos se conozcan y dejen de existir”.

Perspectivas de mejora en la política de género

Esta causa, una vez resueltas las sanciones a todas las partes y las capacitaciones, ayudará a ajustar las relaciones entre las instituciones que trabajan con casos de género y niñez en la provincia. “Falta articular más el trabajo en conjunto”, según observó la concejala Norma López.

Una herramienta necesaria, que Chiarotti destacó, es la necesidad de “generar un protocolo provincial para que el Estado sepa cómo trabajar en casos de abuso sexual incestuoso”, así como también dictaminó que “falta generar capacitaciones en la justicia rosarina”, las cuales ya se llevan a cabo en Reconquista, Vera y Santa Fe.

Sobre la recién creada Secretaría de Género de la Provincia, destacaron que su función será “establecer políticas de género, de sensibilización y capacitación a todos los sectores del Gobierno, también en el Poder Judicial”.

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