La Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, ubicada en Alem 3078, será señalada por el gobierno de Santa Fe y la Secretaría de Derechos Humanos nacional como Sitio de la Memoria del Terrorismo de Estado.

La entidad, que se convirtió en una organización social, educativa, cultural y popular sin precedentes durante las décadas de 1960 y 1970, fue intervenida y saqueada por la última dictadura cívico-militar, y luego recuperada gracias a la persistente lucha de vecinos, asociados, ex alumnos y ex directivos.

El acto se realizará hoy, viernes, a las 18, y contará con la participación del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis; el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Ramón Verón; la directora Nacional de Sitios de Memoria de la Nación, Judith Said; directivos de la institución, vecinos, sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos, entre otros.

Además, desde la comisión directiva de la Vigil se informó que a partir de las 16.30 se realizará una visita guiada por el predio de la institución.

La Biblioteca Vigil se creó en 1959 como parte de la asociación vecinal del entonces barrio Tablada y Villa Manuelita. Al poco tiempo se convirtió en una organización mutual popular sin precedentes, que contó con jardín de infantes, escuela primaria y secundaria, editorial, museo de ciencias naturales, observatorio astronómico, universidad popular, centro cultural y deportivo, caja de ayuda mutua y centro materno infantil.

En el marco del plan sistemático de terror y exterminio ejecutado por la dictadura cívico-militar que asaltó los poderes del Estado en marzo de 1976 hasta diciembre de 1983, fue intervenida, sus bienes fueron saqueados, rematados y expropiados. Los innovadores proyectos colectivos fueron desarticulados, y muchos de los libros que constituían el acervo de la biblioteca y su editorial, destruidos.

En la madrugada del 10 de mayo de 1977, ocho miembros de Comisión Directiva fueron secuestrados y trasladados al centro clandestino de detención Servicio de Informaciones de Rosario. A fines de ese año, fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Más de una veintena de socios, empleados, docentes, cooperadores y alumnos fueron asesinados o permanecen desaparecidos.