Lluvias récord ocasionadas por el cambio climático, falta de obras hídricas y canales clandestinos son algunas de las causas de las inundaciones que afectaron durante 2016 a nueve provincias argentinas, en las que hubo pérdidas materiales superiores a los 50.000 millones de pesos y más de 70.000 personas que debieron abandonar sus hogares.

Los episodios más recordados del año ocurrieron en los meses de abril y octubre, donde las zonas del Litoral -Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes- y del noroeste de la provincia de Buenos Aires -General Villegas y Carlos Tejedor-, respectivamente, se vieron obligadas a realizar evacuaciones masivas a raíz de las copiosas lluvias que generaron las crecidas de ríos y afluentes. 

También hubo otros sucesos de magnitud dispar en las provincias de Chaco, Córdoba, Santiago del Estero, Formosa y Tucumán. Y en plena celebración de la Navidad, un aguacero inundó la ciudad de Pergamino y zonas aledañas.

Aunque el fenómeno de las inundaciones se repite desde hace varios años en las provincias del Litoral argentino, esta vez se vio recrudecido por las lluvias récord: en poco más de 15 días, durante abril, la cantidad de agua caída igualó a la esperada para el año.

A finales de ese mes continuaban evacuadas unas 40.000 personas de las zonas afectadas, siendo la más perjudicada la provincia de Entre Ríos, donde el río Gualeguay registró una crecida que llegó a los 3,83 metros, la más grande desde 1959, y su corriente avanzó sobre las ciudades de Concepción del Uruguay, Concordia, Colón, Villa Paranacito y Gualeguaychú, provocando caída de árboles, rotura y voladura de techos, cortes de cables de luz y pérdidas materiales de todo tipo.

Al bajar el agua, el regreso al hogar de los miles de damnificados repitió un mismo paisaje: barro en las casas, humedad en las paredes, instalaciones eléctricas y caños de agua totalmente inutilizados, cloacas y baños tapados, y vandalismo y robos repetidos en muchas viviendas.

Carlos Ramírez, uno de los afectados por la creciente en Gualeguaychú, contó el escenario con el que se encontró al volver a su hogar en los primeros días de mayo: "La cocina, la heladera, las camas, toda mi casa se inundó y acá estamos con mi familia, mi mujer y mis cuatro hijos tratando de ordenar y limpiar el barro que quedó adentro. Ahora viene la etapa de la recuperación de lo que se pueda salvar y de empezar de nuevo en lo que perdimos".

La consecuencias económicas y sociales que dejaron las inundaciones incluyeron terrenos anegados e inutilizables, la pérdida de cosechas y ganado, viviendas destrozadas y poblaciones enteras que debieron retornar a espacios diezmados en los que proliferaban enfermedades y epidemias.

Sólo en Santa Fe, las lluvias causaron que más de la mitad de las 13,6 millones de hectáreas de superficie sembrada quedaran bajo el agua, y daños calculados en agricultura, lechería, ganadería bovina y otras economías regionales por encima de los 2.700 millones de dólares.

En vistas de la dramática situación, el Gobierno de Entre Ríos decidió prorrogar hasta el 19 de febrero próximo la emergencia hídrica, vial, sanitaria y social declarada por las lluvias que se sucedieron a fines de 2015 y que se extendieron por más de un año en algunas regiones como el delta de los ríos Paraná y Uruguay.

"¿Está en nuestras manos frenar estas catástrofes?", se preguntaba en esa ocasión en diálogo con Télam María José García Barassi, especialista en Gestión Urbana Ambiental de la Universidad Nacional de Lanús.

Para Barassi, "la conjunción de políticas públicas y concientización ciudadana debería mitigar los efectos nocivos de nuestra propia evolución hacia un manejo más sostenible del ambiente, que implique la menor injerencia del ser humano en los procesos naturales de nuestro planeta". 

"Proponer soluciones sólo desde un lugar técnico ligado a obras de infraestructura de mitigación de riesgos es insuficiente si no minimizamos el deterioro del medio natural", completó.

En tanto, entre octubre y noviembre último cayeron en el partido de General Villegas en la provincia de Buenos Aires unos 400 milímetros de agua de lluvia en apenas unas semanas, lo que afectó el 70 por ciento del territorio, por lo que el gobierno bonaerense declaró la emergencia agropecuaria en el partido y reasignó partidas presupuestarias a obras de necesidad, tales como un plan de viviendas de emergencia.

Un informe presentado el 10 de noviembre por la municipalidad de Villegas calculó en más de 5.000 millones de pesos las pérdidas materiales producto de la anegación de miles de hectáreas de campo cultivado, así como en la producción lechera y baja de peso en el ganado.

Para prevenir futuras inundaciones en la zona, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó en forma unánime un proyecto que promueve un acuerdo entre las provincias de San Luis, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires con el objetivo de crear el Comité Interjurisdiccional de Administración del Río Quinto para realizar una "justa y razonable" asignación de áreas y distribución de caudales de dicho cauce.

(Telam)