Fueron dos los avisos. El 9 de octubre de 2003 sonó el teléfono en la sede local de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar). "Decile a Sandra que va a encontrar a su hija muerta antes de mañana", dijo una voz grave al otro lado de la línea. Los primeros días del 2004, dos personas entraron a la casa de Sandra Cabrera, la golpearon, la maniataron y la amenazaron con un revólver. La frase sonó a ultimátum: “Dejá de joder”.

El 24 de enero, la dirigente y trabajadora sexual se acercó a Tribunales para denunciar la detención ilegal de varias compañeras. Volvió a dar nombres y apellidos de efectivos de la Policía de Moralidad Pública --una sección ya extinguida-- involucrados en el pago de coimas.

Tres días más tarde, el 27 de enero, el cuerpo de Sandra fue encontrado en la zona de la Terminal de ómnibus con un tiro de arma calibre 32 en la nuca. A 13 años y cinco meses del crimen, la Justicia no logró determinar quién apretó ese gatillo. La causa quedó al borde del archivo con el cierre del viejo sistema conclusional, aunque a último momento entró en el sistema de transición, creado por ley para poder seguir investigando algunos expedientes.

Sandra Cabrera tenía 32 años y una hija de 8 cuando fue asesinada. Había llegado a Rosario en 1994 desde San Juan, su provincia natal. Se ganaba la vida como trabajadora sexual, un oficio que defendía con mucho orgullo.

En diciembre de 2001 la crisis pegaba con fuerza. Sandra y sus compañeras apenas ganaban para comer. Las necesidades colectivas dieron paso a la sindicalización, una movida con eco en muchas ciudades del país. Nació Ammar y Sandra fue elegida secretaria general en Rosario.

La organización dio rápidos frutos. Las mujeres consiguieron bolsones navideños para las compañeras más humildes y programas de promoción social contra el Sida. Fue la primera de muchas conquistas. La unión de las voces permitió visibilizar uno de los mayores problemas de la actividad: la coima policial.

En septiembre de 2003, Sandra se puso al frente de una denuncia que iba más allá de los habituales abusos de las fuerzas de seguridad. Señaló a una red de trata sexual infantil en la zona de la terminal de colectivos protegida por la policía.

La denuncia derivó en el descabezamiento de la sección Moralidad Pública de la policía. La dirigente gremial señaló a los jefes de la sección, Javier Pinatti, y Walter Miranda como los principales responsables de hostigar a las trabajadoras sexuales para proteger a prostíbulos de esa zona.

“Tengo miedo de que venga algún vuelto por los de Moralidad”, le dijo Sandra a un periodista, que se había convertido en amigo, el viernes anterior a su muerte. La confidencia aparece en la crónica que la periodista Sonia Tessa escribió en Rosario/12 luego de producirse el crimen.

La secretaria general de Ammar, Elena Reynaga, habló desde un primer momento de asesinato premeditado. “Sandra nunca trabajaba sola, siempre salía en grupo. Tomaban algunos recaudos, como anotar la patente del auto donde se subía la compañera. Esa noche, su compañera se alejó unos momentos, para comprar una gaseosa, y en ese lapso la levantaron. Estaba todo planificado”, denunció ante los medios.

El 10 de junio de 2004, luego de tomar 115 declaraciones testimoniales, el juez Carlos Carbone, a cargo de la investigación, dictó el procesamiento de Diego Parvluczyk, subjefe de la Policía Federal en Rosario, por el delito de “homicidio calificado con alevosía”. Varios testigos dijeron haberlo visto con Sandra en la madrugada del 27 de enero. El agente admitió una “relación amorosa” con la trabajadora sexual, pero negó la autoría del crimen.

A fines de 2004 Carlos Carbone fue removido de la causa por solicitud del defensor del imputado, el abogado Carlos Varela. “Carbone estuvo bien porque nosotros le dijimos que la verdad estaba en la calle y él salió a la calle. Pero cuando parecía que algo iba a pasar, que algo iba a decir Parvluczyk, le sacaron la causa y se la dieron a otro que la congeló”, se quejó en su día Reynaga.

La posta la tomó el juez Alfredo Ivaldi Artacho, quien en 2007 sobreseyó a Parvluczyk. En una segunda instancia, todos los testimonios de las compañeras de Sandra fueron desestimados, lo que debilitó el material probatorio.

Hoy la causa está en manos de la magistrada Delia Paleari, a cargo del Juzgado de Instrucción 10º. Las autoridades nacionales de Ammar presentaron un pedido formal para retomar la investigación, pese al escepticismo lógico de alcanzar la verdad después de tantos años.

Lo más triste, admiten desde el gremio de meretrices, es que muchas de las denuncias de Cabrera siguen vigentes en el 2017. La policía continúa con sus abusos: coimas, hostigamientos y detenciones ilegales son prácticas arraigadas y naturalizadas en la actividad.