La jueza de instrucción en lo Civil y Comercial María Mondelli aprobó un pedido de quiebra del laboratorio Apolo S.A., que había sido formulado por el apoderado de Sonia María Del Rosario Ojeda, una de los propietarias actuales.

Con este cierre legal, queda el interrogante respecto de qué ocurrirá con los vecinos damnificados. Cuando estalló la caldera del laboratorio de calle Alem 1967, el 24 de junio de 2016, dejó como saldo una decena de viviendas y un hombre herido. El inmueble no contaba con seguro contra incendios ni de responsabilidad civil.

Juan Carlos Sánchez, el hombre que se recuperó tras meses de internación con quemaduras en el 60 por ciento del cuerpo, también perdió todos sus objetos de valor cuando la casa que alquilaba con su familia desapareció por completo por el daño a la estructura. “Hace un mes tuvimos una reunión con el fiscal de la causa penal Walter Jurado, y Sánchez fue con andador”, recordó en diálogo con Rosarioplus.com Ignacio Carbone, abogado que junto a Fernando Blanco representa la querella por la familia Sánchez y otra familia que perdió su taller mecánico.

Justamente sobre la causa penal que afrontan los propietarios de Apolo (la quiebra es civil, y en esta causa no comparecieron los damnificados), Carbone precisó que el pasado lunes comenzaron las pericias sobre la caldera, y continuarán sobre el tablero de electricidad, y estimó que “en 20 ó 30 días se conocerán los resultados para entender qué produjo la explosión, para dar con los responsables del estrago culposo, sea operario, la EPE, los dueños o el municipio que los habilitó”.

El letrado enfatizó la necesidad de encontrar a los culpables y que se hagan cargo “aunque la empresa sea insolvente, porque ésta no funcionaba sola, tuvo regulaciones”.

El derrotero fraudulento de Apolo

Apolo proveía de suero y otros materiales sanitarios a hospitales y sanatorios de todo el país, y llegó a facturar alrededor de 44 millones de pesos anuales. Hasta 2005 la firma pertenecía a los hermanos Iudica, hasta que pasó a manos del empresario sanitario Jorge Salinas y comenzó lo que (según denunciaron los empleados) sería un proceso de vaciamiento paulatino, en el que se dejaron de pagar sueldos y aguinaldo. Precisaron además los empelados en la justicia que el suero se vendía sin el control requerido, desabasteciendo a los hospitales y sanatorios de insumos básicos, por lo que fue intervenido por la Anmat.

Los propios empleados especularon con crear una cooperativa para continuar trabajando, pero para eso la empresa debía estar formalmente quebrada. Fue en 2012 que la Justicia dictó por primera vez la quiebra de la empresa, pero un nuevo grupo de dueños pidió revocarla, pagando a sus acreedores.

Recién cuando estalló la caldera se conoció que Salinas estuvo involucrado en una causa por desvíos de fondos del Pami y en un fraude millonario que alcanzaba la cifra de 21 millones de pesos, por la venta de troqueles de medicamentos con descuento de 7.500 jubilados ya fallecidos, y que fue procesado sin prisión preventiva por el juez federal Octavio Aráoz de Madrid por el delito de “fraude al Estado”.

Tras los dueños nuevos, las condiciones de precarización poco cambiaron: solo 35 de los 150 trabajadores empleados estaban registrados.