Un funcionario del gobierno nacional en Rosario está denunciado por ex combatientes de Malvinas por ordenar torturas a soldados argentinos en las islas del Atlántico sur, durante la guerra de 1982. El señalado fue elegido por el macrismo para dirigir la delegación rosarina del ex Registro Nacional de Armas (Renar), o por su denominación actual, Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Se trata del subteniente retirado Marcelo Dorigón, que aparece en una denuncia de 23 ex soldados conscriptos correntinos que en 2007 recogió el entonces secretario de Derechos Humanos de esa provincia, Pablo Vassel, y la aceptó la jueza federal de Río Grande, Lilian Herraez.

Dorigón es desde comienzos de este año el responsable de la Anmac, y antes se desempeñó como gerente de Recursos Humanos de la empresa de electrodomésticos Liliana SRL, incluso durante el conflicto por despidos en 2014. También ocupó una gerencia en la cadena de supermercados Coto y en 1998 trabajó como responsable de las sucursales que se abrieron en Rosario, con 750 empleados a cargo. Entre  2006 y mayo de 2013, fue gerente de la empresa de vigilancia El Centinela, donde según su perfil de Linkedin, estuvo abocado a "la reorganización del área de Operaciones".

Antes de esa trayectoria por el ámbito privado, Dorigón vistió el uniforme militar, desde febrero de 1976 hasta marzo de 1993. En la denuncia compilada por el gobierno de Corrientes en 2007, el ex conscripto Angel Aníbal Ramírez narra que el subteniente -su superior en Malvinas- ordenó a sus subalternos que estaquearan a un soldado por haber cazado una oveja para comer. Esa sanción consiste en acostarlo a la intemperie y amarrarlo de las extremidades a cuatro estacas clavadas en el suelo. Cuatro horas en esa situación y sobre el suelo helado y húmedo de Malvinas, según la denuncia del ex conscripto.

El ex conscripto Ramírez contó que solían quedar “… estaqueados porque matábamos una oveja (…)" y en relación al caso de un compañero de combate, chaqueño de origen, recordó: "En ese frío habrá estado estaqueado desde las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Lo estaquearon vestido de combate”, dijo Ramírez.

“¿El subteniente Dorigón es quien ordenó estaquear a tu camarada”, le preguntaron.

“El no me dijo a mí, pero yo vi. Ellos no te van a llamar delante a vos y le van a decir que estaquee a aquél, pero hay oídos finos que escuchan (…) De eso yo vi, en Malvinas, (Dorigón) era un flaco alto, tipo muy intelectual, y mandaba a estaquear y mandó a estaquear”, contestó.

El expediente, con testimonios de más de 100 excombatientes, llegó a la Cámara de Casación Penal, que rechazó el planteo y declaró los crímenes de Malvinas como prescriptos. En marzo de 2012, el Centro de ex Combatientes de Malvinas (CECIM) de La Plata, presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia que desde entonces espera una resolución.

Luego de su paso por la actividad privada, y tras la asunción de Mauricio Macri en el gobierno nacional, Dorigón quedó a cargo de la delegación local del ex Renar, con sede en 9 de Julio 3393. El mismo hombre denunciado por tormentos a soldados de 18 años en Malvinas hoy dirige el organismo que está encargado de "registrar, fiscalizar y controlar toda actividad vinculada con armas de fuego, pólvoras, explosivos y afines y otros materiales regulados y a sus usuarios, dentro del territorio nacional, con la sola exclusión del armamento perteneciente a las Fuerzas Armadas". 

Conflicto con trabajadores de Liliana

A fines de febrero de 2014, un grupo de trabajadores despedidos de la empresa Liliana SRL, denunció que el gerente de Recursos Humanos de la firma, Marcelo Dorigón, “intentó impedir una asamblea” en la puerta de la fábrica.

Los empleados habían denunciado, a través de un comunicado de prensa, que “a menos de 24 horas de que el Ministerio de Trabajo y la UOM solicitaran la reincorporación de los 12 delegados y trabajadores despedidos”, la gerencia de Recursos Humanos (RRHH) de Liliana, “encabezada por un ex militar de la dictadura, junto con personal de seguridad y psicólogos montaron un operativo sobre la ruta para parar a todos los trabajadores y obligarlos a conducirse hacia otra planta donde no realizan sus tareas”.