El resultado del juicio que comenzó esta semana será determinante para la vida política de Jair Messias Bolsonaro. No sólo está en juego la posibilidad de ocupar cualquier cargo público durante las próximos ocho años -lo que incluye las elecciones presidenciales de 2026 y 2030-, sino también el despliegue de una mirada histórica e institucional sobre su gobierno.

El juicio por abuso de poder recién iniciado tiene como contexto la caída de su imagen. Algunos de sus votantes no olvidan su decisión de abandonar su país rumbo a los Estados Unidos tras la derrota electoral. Ni su silencio con relación con los ataques perpetrados por sus simpatizantes contra las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia el 8 de enero. Eso supuso la materialización de los ataques simbólicos constantes contra las instituciones democráticas durante todo su gobierno. Esos hechos no solamente le hicieron perder adhesiones a Bolsonaro, sino que constituirán el telón de fondo del actual proceso, cuyo desenlace se conocerá pronto.

Abuso de poder y otras acusaciones

El juicio iniciado por abuso de poder se funda en la más madura de las 16 investigaciones que Jair Bolsonaro tiene abiertas en su contra, y esta semana ingresó en la fase crucial. Los siete magistrados del Tribunal Superior Electoral lo juzgarán por utilizar su cargo como jefe del Estado para convocar a alrededor de cuarenta diplomáticos extranjeros a una reunión en Brasilia, en la que cuestionó el sistema electoral a sólo tres meses de los comicios nacionales. El expresidente también será juzgado por uso indebido de los medios estatales de comunicación, porque aquel encuentro celebrado en julio de 2022, fue retransmitido en directo por la televisión pública.

En su discurso ante buena parte del cuerpo diplomático acreditado en Brasilia, el entonces presidente atacó a los jueces de la corte electoral además de hacer falsas apreciaciones en torno al sistema de voto electrónico, con el objetivo infundir miedo en torno al efectivo funcionamiento del sistema de votación. Cabe destacar que ese sistema está vigente en Brasil desde 1996 sin que se haya registrado nunca un fraude y que, al momento de las acusaciones de Bolsonaro, se presagiaba ya su derrota en las urnas. Deslegitimar las elecciones fue, como en el caso de Donald Trump, la estrategia ante la vecindad de la derrota.

La Fiscalía pidió ocho años de inhabilitación, lo que dejaría a Bolsonaro fuera de carrera hasta después de 2030. Se prevé que el juicio en el Tribunal Superior Electoral demandará algunas sesiones y concluirá en poco tiempo. Casi todos en Brasil, incluidos Bolsonaro y el Partido Liberal en el que milita desde poco antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2022, descuentan que el juicio terminará en una condena.

Entre los magistrados que lo juzgan, se encuentra Alexandre de Moraes, a quien Bolsonaro acusa de perseguirlo y de cometer excesos en el ejercicio de la presidencia del Tribunal Supremo.

Cabe recordar que la derrota del año pasado frente a Luiz Inacio Lula Da Silva, dejó a Bolsonaro, sin inmunidad por primera vez en más de 30 años -los que ocupó como legislador y presidente- y afronta otras 15 acusaciones de gravedad. Si este juicio termina en condena, no podrá acceder a la protección de los fueros durante ocho años y quedará a expensas de los tribunales con el riesgo real de ir preso.

Entre las otras acusaciones que acorralan a Bolsonaro, se encuentra la de alentar los ataques golpistas perpetrados por miles de sus seguidores en enero pasado. El exmandatario está cada vez más comprometido, especialmente desde que, en el marco de las investigaciones fue encarcelado semanas atrás el militar que durante estos años fue su ayudante más cercano, el coronel Mauro Cid. En su teléfono móvil se encontraron borradores de varias minutas para perpetrar un golpe de Estado, según dejó trascender la policía.

Bolsonaro también está siendo investigado por su gestión de la pandemia de Covid-19. Con más de 700 mil muertes, Brasil ocupa el segundo lugar en decesos en el mundo producto de la pandemia. Independientemente del negacionismo inicial del propio expresidente, que lo llevó a postergar y desechar medidas sanitarias que podrían haber salvado muchas vidas, se lo acusa en concreto de manipulación de su cartilla de vacunación. En otra causa que lo tiene como protagonista, se lo investiga por haberse quedado con valiosas joyas que fueran regalo del gobierno de Arabia Saudita. Los regalos a un presidente no son nunca para el ocasional ocupante del rol. No al menos en las democracias occidentales.

Acorralado en un país donde todo puede darse vuelta

Tras la derrota frente a Lula, Bolsonaro se marchó a La Florida en los Estados Unidos y no asistió al traspaso de mando. Hay quienes sostienen que lo hizo producto de una depresión, y otros, debido a la búsqueda de asilo político, a sabiendas de lo que se venía. Desde que regresó a Brasil, el cerco judicial en torno a su persona se estrechó velozmente con revelaciones múltiples, la apertura de nuevas investigaciones e interrogatorios policiales.

También tuvo oportunidad de participar en algunos mitines políticos en los que se evidenció un discurso más mesurado que el que lo hizo famoso y lo catapultó a la presidencia. Quizás porque no quiere ya irritar a los jueces que lo pueden mandar prisión.

Aunque todo parece indicar que en este juicio puntual por abuso de poder Bolsonaro será condenado e inhabilitado, conviene recordar los inesperados giros de 180 grados que frecuentemente da la política en Brasil. Hasta finales de 2019 Lula estuvo en prisión y su imagen se degradó al punto que parecía un cadáver político. Ahora es presidente.

Contracara de la actualidad de Bolsonaro, Lula logró esta misma semana, que Cristiano Zanin, su abogado mientras estuvo preso y el arquitecto de los argumentos legales que consiguieron la anulación de los casos en su contra y su consecuente liberación, fuera designado ministro de la Corte Suprema. Para ello era necesario el acuerdo del Senado y el presidente lo obtuvo holgadamente (58 votos favorables contra 18 en contra). En el interrogatorio que tuvo lugar en el Senado, se encontraba el exjuez que puso preso a Lula, posterior ministro de Justicia de Bolsonaro y actual senador, Sergio Moro. En paralelo al cierre de los casos contra Lula, Moro fue condenado por no ser imparcial con el actual presidente de Brasil. Una muestra de cómo los giros políticos pueden convertirse también en giros judiciales.

Zanin será juez de la máxima instancia judicial de Brasil durante 27 años, hasta que deba jubilarse a los 75 años. Lula, aún podrá nombrar otro juez en la Corte para reemplazar a Rosa Weber, que se jubilará próximamente. Su influencia sobre la integración del máximo organismo judicial es enorme.

¿Es posible en este contexto que acorralado y ante un futuro tan oscuro, Bolsonaro finalmente negocie su retiro de la política para evitar la cárcel?