Desde la Multisectorial Paren de Fumigarnos convocan este sábado a una caravana que comenzará en la ciudad de Rosario para recorrer diversas localidades del corredor de la Ruta 21. Los organizadores informaron que partirán a las 12.30 desde avenida Pellegrini y boulevard Oroño.  

El objetivo es seguir visibilizando los impactos que producen los agronegocios y sus múltiples externalidades, como los daños a la salud que provocan los más de 525 millones de litros de agrotóxicos esparcido por año.

La organización llama a acompañar y fortalecer las agrupaciones de vecinas y vecinos de pueblos expuestos a los venenos, para seguir exigiendo que paren de fumigar sus localidades y escuelas rurales. Los pueblos y ciudades por donde pasará la caravana serán Villa Gobernador Gálvez, Alvear, Pueblo Esther, General Lagos y Arroyo Seco.

Una escuela fumigada

Dentro de este corredor, pero sobre la Ruta 18, se encuentra la escuela primaria rural del paraje El Caramelo, de la localidad de Villa Amelia que sostiene las actividades diarias respetando el protocolo sanitario, manteniendo la ventilación de las aulas y exponiéndose, no solo al frío, sino también a las sustancias toxicas que se utilizan para la producción de alimentos.

Los productos herbicidas utilizados son “cócteles” que se emplean según la zona, la estación y el tipo de cultivo, el más utilizado es el glifosato, todos agrotóxicos que causan diferentes afecciones en los seres vivos, excepto al cultivo que se produce previa modificación genética.

“Una gran cantidad de estudios científicos corroboran el daño que pueden causar las fumigaciones en cercanías de niños”, según dijo Mauricio Cornaglia de la multisectorial Paren de Fumigarnos. Además agregó que entre los efectos colaterales que pueden acarrear estas sustancias, “los más frecuentes son malformaciones, nacimientos prematuros, diferentes tipos de cáncer, hipotiroidismo, abortos espontáneos”.

Pero esto no solo se produce por la exposición a la pulverización de dichos químicos, también es por el consumo de productos contaminados con agroquímicos.

En este sector de la provincia de Santa Fe, los vecinos de las localidades de Alvear, Álvarez, Coronel Domínguez, Piñero y Villa Amelia están en alerta por la salud de las familias, por lo tanto formaron la agrupación “La 18” ya que es esta la ruta que los une en la lucha contra los agrotóxicos, “los cuales sistemáticamente envenenan en cada campaña de siembra y cosecha”.

Presentación de proyecto

Hace tres semanas, la multisectorial emitió nuevamente una carta para todos los legisladores que forman parte de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de Santa Fe. Solicitaron que se emita un dictamen respecto a la ley de agrotóxicos que aguarda en su letargo desde hace un año sin tratamiento alguno. En julio de 2020 ya habían enviado una misiva a los miembros de la comisión, pero tampoco hubo respuesta.

Este proyecto modifica la ley actual (11.273), denominada Ley Fitosanitaria. Con los cambios se pretende prohibir la fumigación aérea, la fumigación terrestre a menos de 1500 metros de zonas pobladas y que no se depositen ni manipulen agrotóxicos en zonas urbanas. La norma prevé sanciones de entre el 10% y 50% del valor del inmueble fumigado en caso de que se viole alguno de los puntos anteriormente mencionados.

Sergio Gorosito, también integrante de la multisectorial, explicó que en localidades como Pueblo Andino, “la Ordenanza local permite fumigar a 100 metros, y la actual ley da un resguardo de 500 metros, cuando en las inmediaciones hay viviendas, clubes, escuelas, barrios enteros”.

La comisión es presidida por Érica Hynes y forman parte también los diputados, Mónica Peralta, Nicolás Mayoraz, Alejandro Boscarol, Gabriel Real, Matilde Bruera, Carlos del Frade y Ariel Bermúdez.  Recientemente, la diputada Hynes solicitó una reunión con distintos miembros de la Cámara, así como del Senado y de varios ministerios del Gobierno Provincial, para debatir un consenso en las modificaciones de la ley fitosanitaria.

Desde la multisectorial desconfían de la celeridad de los legisladores y sostienen que más allá de las buenas intenciones, “esto dilatará aún más el debate que toda la sociedad santafesina reclama hace mucho más de diez años”.