El presidente del Centro de Estudios de la Concejalía Popular, Nire Roldán, presentó este jueves por la mañana un proyecto de ley en defensa de la vivienda única, y aseguró que “hay en la provincia más de 5 mil familias que podrían quedarse sin vivienda si se ejecutan los remates judiciales”.

En diálogo con Sí 98.9, Roldán contó que “la idea es suspender los remates en marcha, como el que se hará este jueves por la tarde a una señora con discapacidad que es jubilada, ya que viviría en la calle si no se llega a un acuerdo”. La manifestación de Concejalía Popular será a las 17 en calle Entre Ríos 343, frente al Colegio de Martilleros.

“A la persona que hoy le rematan la vivienda le solicitan un millón de pesos, y no hay forma que un trabajador o jubilado pueda afrontar ese gasto. Acompañaremos a la jubilada a enfrentar esta injusticia. Nos llama la atención que en la anterior citación nos enteramos de que nadie había ido a ver el departamento”, comentó el referente, y planteó: “¿Quién quiere comprar una casa sin siquiera verla? Sólo aquel que especula”. Apuntó contra una “mafia de los rematadores”.

El presidente de Concejalía Popular analizó estos casos: “Los embargos son totalmente ilegítimos porque empresas compran paquetes a los deudores”.

“Lo primero que pedimos es suspender por 24 meses o hasta la feria del 2016 todas las subastas y retomar la vieja pelea por una ley de la provincia que evite los embargos y ejecuciones de inmuebles de vivienda única, de ocupacion permanente y de familias”, detalló.

El proyecto presentado este jueves prevé una ley que garantice la inembargabilidad de los inmuebles “y encuentre un mecanismo para solucionar el problema de trabajadores o jubilados que no tengan la capacidad de enfrentar esa acreencia; debe haber un acuerdo de concertación entre acreeedor y deudor permanentemente y el juez debe encontrar una solución adecuada”, especificó.

En el proyecto de ley también plantearon crear un registro de deudores de vivienda única y ocupación permanente, “para saber exactamente la cantidad de gente que se encuentra en esta situación”, destacó.

Es por eso que el proyecto será presentado “a todos los legisladores para que se cree una comisión de trabajo que en 120 días pueda tratarlo en el Congreso”.

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