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La reforma laboral que impulsa el gobierno de Mauricio Macri, difiere de la flexibilización laboral de los ’90 y del estrepitoso escándalo desatado en el gobierno de la Alianza, cuando el entonces ministro de Trabajo Alberto Flamarique, confesó que tenía “la Banelco” para convencer a los legisladores que se resistieran a votar esa fenomenal quita de derechos para los trabajadores argentinos. A esta altura, cualquiera podría preguntarse por qué un gobierno se arriesga a semejantes fracasos y papelones al enfrentarse con sus propios trabajadores. Con qué necesidad.

Las conclusiones podrían ser varias. Para darle más ganancias a los empresarios, para abaratar costos de producción en distintas cadenas. Por motivos ideológicos, y podrían seguir los ítems. Pero lo más sencillo es buscar en el endeudamiento externo. Para conseguir dinero en los mercados hay que alcanzar primero buenas calificaciones y esas calificaciones se obtienen de parte de organismos internacionales.

Cuando la gestión actual dice “ahora estamos en el mundo”, evita mencionar que ahora estamos en el mundo como deudores y consumidores de los productos que le sobran en stock a las grandes economías trasnacionales.

Esa búsqueda de financiamiento para solventar una economía interna que no está precisamente basada en la producción industrial y la apuesta al valor agregado de los productos elaborados; requiere la aprobación de los prestamistas que exigen determinadas reformas internas a los países deudores. Entre ellas dos que los obsesionan: Reforma laboral y reforma previsional.

Es ahí donde hay que buscar los motivos de “la falta de competitividad” como dicen ahora para justificar cualquier avance sobre los derechos laborales. Pero la verdad es que un modelo que reprimariza la economía y abre sus importaciones de manera indiscriminada, necesita menos trabajadores y lo más baratos posible. En realidad, el costo laboral en una cadena como la automotriz, por ejemplo, es de sólo el 3% de todos los costos que tiene la elaboración del vehículo. 

Lo cierto y lamentable es que la CGT se entregará sin luchar. Ya lo están dando a entender sus principales dirigentes cuando le creen a Macri que “no será una reforma salvaje”. En rigor la negociación pasará por no tocar ninguna de las cajas de recaudación de los sindicatos y federaciones. Pero sí va a alterar las condiciones y el bolsillo de los trabajadores. 

El gobierno lo dice abiertamente: El modelo a seguir es el acuerdo laboral por Vaca Muerta. Ahí se restringieron los costos de las horas extra, los motivos para otorgarlas y los beneficios por determinadas especificaciones laborales en zonas inhóspitas. Ese mismo modelo, y hasta un poco aumentado, es el que se replicará en SanCor donde se puso como una cuestión ineludible para que opere el salvataje de 250 millones de pesos.

Es decir que el gobierno auxilia con dinero de todos los argentinos a una empresa emblemática y central para el mercado lácteo nacional y además consigue un nuevo convenio laboral para todas las empresas lácteas incluidas las que tiene a su cargo el secretario de Políticas Públicas de la Nación, Gustavo Lopetegui que comandó esta reestructuración. Más redondo imposible.