Los procesos abiertos en el marco de la investigación Lava Jato fueron puestos en tela de juicio a partir de la revelación de información por parte de un medio digital.

La noticia sacudió Brasil como si se tratase de un terremoto. La semana pasada, el diario digital The Intercept, reveló el intercambio de mensajes entre el entonces juez Sérgio Moro -actual ministro de Justicia- y el coordinador de la investigación Lava Jato, Deltan Dallagnol. Esos diálogos ponen en entredicho la imparcialidad de los procesos que llevaron a prisión al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y a decenas de políticos y empresarios.

La investigación Lava Jato se caracterizó por el trabajo mancomunado de un grupo de fiscales federales y del juez Moro en un solo equipo, lo que permitió una infrecuente celeridad en las investigaciones primero y en los juicios después, que condujeron a la condena en primera instancia de empresarios y políticos. La condena de Lula, quien cumple una pena de prisión en Curitiba desde abril de 2018, cobra una importancia capital, porque alteró sensiblemente el escenario político del país al dejarlo completamente fuera de la competencia electoral por la presidencia, en momentos en que su candidatura mantenía la mayor intención de voto.

Los audios filtrados y dados a conocer a la opinión pública por The Intercept revelaron que el entonces juez Moro orientaba las investigaciones del fiscal Deltan Dallagnol para facilitar las condenas. De acuerdo a los mensajes intercambiados entre los participantes en la investigación  Lava Jato, Moro influyó en la coordinación de los procesos que posteriormente juzgaría, algo que supone claras violaciones a las leyes y principios constitucionales brasileños, comenzando por el derecho al debido proceso. La presunta intencionalidad de Moro ya había sido señalada con anterioridad, dado que a Lula se lo condenó por la recepción de un departamento tríplex en una localidad balnearia de Sao Paulo como pago de un supuesto soborno por parte de la empresa OAS por haberle facilitado la contratación para la realización de obra pública. Hasta hoy, nunca pudo demostrarse que ese inmueble perteneciera al expresidente o a alguien vinculado a él. De hecho, el departamento permanece escriturado a nombre de la empresa OAS.

A la luz de lo que sucedió tras la condena de Lula, es decir, de dejarlo fuera de la competencia electoral, la desconfianza que cundió en la población respecto de la dirigencia política y el encumbramiento de Jair Bolsonaro, la digitación de los procesos penales por parte de Moro y la fiscalía se traduciría en una manipulación del sistema político de dimensiones aún difíciles de determinar.

Consecuencias

El artículo 254 del Código de Proceso Penal afirma que un juez puede considerarse sospechoso en caso de que haya aconsejado a cualquiera de las partes del proceso. Como consecuencia, la violación de ese artículo puede ser usada por los defensores de los acusados mencionados en los diálogos para que se reclame la nulidad de los procesos. Ese camino podría concluir en la libertad de Lula en un plazo que todavía se desconoce, aunque las consecuencias políticas de todo lo ocurrido desde su condena son ya irreversibles.

Para Moro y los fiscales las conversaciones fueron filtradas ilegalmente, posiblemente por un hacker -algo que en The Intercept niegan- y eso dificultaría su uso para acusar y, eventualmente castigar, a los participantes de la investigación Lava Jato. También existe la posibilidad de que una investigación formal obtenga los mensajes por vía legal. En ese caso, la situación de quienes formaron parte de la investigación podría verse comprometida.

Hasta el momento, desde el Ministerio Público Federal se informó que piratas informáticos intentaron desde abril acceder a las investigaciones realizadas en el marco de la investigación Lava Jato e intentaron ingresar a los móviles y aplicaciones de chat de los fiscales involucrados.

Un dato a considerar y que permite pensar en que las consecuencias pueden extenderse como una onda expansiva, es que el contenido de los mensajes divulgados por The Intercept no fue desmentido por los principales afectados.

¿Qué es The intercept?

El medio digital se define en su sitio web como una organización de noticias dedicada a responsabilizar a los poderosos a través un intrépido y adversario periodismo. Sus investigaciones en profundidad y su análisis inquebrantable se centran en la política, guerra, vigilancia, corrupción, medio ambiente, tecnología, justicia, medios de comunicación y más. The Intercept les brinda a sus periodistas la libertad editorial y el apoyo legal que necesitan para exponer la corrupción y la injusticia dondequiera que la encuentren. Fue lanzado en 2014 por la organización First Look Media que cuenta con el financimiento de Pierre Omidyar, el fundador de Ebay.

La revelación de las filtraciones que ponen en tela de juicio al Lava Jato son consideradas por The Intercept como el comienzo de una gran investigación periodística en curso dado que desde el medio sostienen que recibieron numerosos archivos que demostrarían cómo operó el Poder Judicial brasileño para evitar que el Partido de los Trabajadores ganase las elecciones presidenciales de 2018. Una de las formas -sostienen- fue mediante el bloqueo de una entrevista que Lula daría previamente a los comicios del año pasado.

En sus orígenes, la revista tuvo por objetivo publicar los archivos filtrados por Edward Snowden, antiguo empleado de la Agencia de Seguridad Nacional los de Estados Unidos. Este dato, que parece lateral, en realidad no lo es.

Gleen Greenwald es uno de los tres cofundadores de The Intercept. Este periodista estadounidense, columnista en The Guardian, ganador de un premio Pulitzer, abogado constitucionalista y autor de cuatro best sellers sobre política y leyes, se refirió en uno de sus libros a la información que Snowden le entregó y sus nexos con él. Esa relación entre ambos, casi diaria, le trajo consecuencias. Greenwald contó que sufrió amenazas desde el comienzo de ese vínculo. Desde 2014 el gobierno estadounidense lo ha presionado y amenazado tanto de forma pública como privada. El gobierno norteamericano considera su periodismo como delictivo y lo amenazaron con arrestarlo y juzgarlo si regresaba al país. Desde que comenzó su colaboración con Snowden, Greenwald  vive en Brasil, donde tiene una sede de The Intercept. Como parte de las represalias estadounidenses, su pareja, David Miranda, fue retenido en un aeropuerto británico y todavía hay una investigación criminal que recae sobre él. Miranda es también periodista y diputado en el estado de Río de Janeiro por el Partido Socialismo y Libertad, el mismo al que pertenecía la concejal asesinada en plena calle el año pasado, Marielle Franco.

Es por estos motivos que desde el entorno de Jair Bolsonaro señalan que las revelaciones que The Intercept hizo sobre la trama oculta de la investigación Lava Jato tiene detrás intereses políticos.

Democracia degradada

Independientemente de los intereses, queda por delante dilucidar si las revelaciones son verificables y si, en ese caso, hubo en efecto una trama conspirativa para evitar que Lula volviera a la presidencia. Si fue juzgado vulnerando deliberadamente el debido proceso, es un crimen. Si se manipuló desde el Poder Judicial el escenario político para lograr que Bolsonaro llegara a la presidencia, el daño a la democracia, a la república y a la credibilidad a las instituciones, será difícil de reparar.

Pero el peor de todos esos daños recae en la percepción social respecto de la obtención de justicia. Por que estos sucesos no implican en modo alguno que los acusados en el marco del Lava Jato sean inocentes. Solamente quiere decir que se habrían manipulado los procesos para condenarlos de cualquier manera. Y en el Estado de derecho vigente en un sistema democrático, es intolerable que el crimen y el delito sean perseguidos con metodologías criminales y delictivas.