La clave está en no perderse en los laberintos políticos que se siembran desde distintos sectores para hallar, todos los días, la manera de presentar las cosas y encontrar los fallos por donde poder ganar el favor de la gente. La clave está en suponer si un gobierno que no tenga como norte un verdadero proyecto nacional hubiese sido capaz de llevar adelante el más importante rescate económico del sector privado en medio del desastre de la pandemia. Así lo hizo notar en estos días un hombre de empresa y de industria como Guillermo Moretti, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina. En la UIA no son todos iguales, de hecho Daniel Funes de Rioja asumió la presidencia de la entidad y piensa casi lo mismo que en los 90, cuando fue actor clave en el proceso de privatizaciones. Pero todos son industriales, todos generan y mantienen empleo. Y, lo más importante, todos representan la posibilidad de ser un proyecto sustentable para 45 millones de argentinos. Ninguno se quejó -ni pequeños ni grandes- de los sueldos que pagó el Estado. Pensaran como pensaran.

El gobierno de Santa Fe siguió esos pasos, por más que la oposición repita que hay un plazo fijo de 65 mil millones de pesos sin explicar demasiado qué significa eso en realidad. La verdad es que también hubo transferencia a los sectores productivos y hasta comerciales perjudicados por las restricciones que impone la pandemia. Las inversiones del pasado en Santa Fe no fueron todos aciertos y sobran los ejemplos de obras y proyectos que poco aportaron a la sociedad y que no eran prioritarios. A todos les gusta hacer casas y hospitales, pero no todos se toman el trabajo de llevar hasta allí los servicios esenciales que son caros y van debajo de la tierra.

En el momento, sólo el programa Billetera Santa Fe implica una transferencia virtuosa al pueblo santafesino como nunca había ocurrido aquí. Más allá de los aportes por la pandemia. Tampoco antes se había impuesto un Boleto Educativo Gratuito para toda la comunidad educativa de la provincia, poniendo dinero en los bolsillos de docentes y estudiantes y también del sistema de transporte en general. Parecen sólo afiches de propagandas oficiales, pero es plata contante y sonante. Y es mucha. Y son las pruebas de que en la provincia hay suficiente jerarquía política para la buena alternancia.

También aquí es probado que se alcanzó el nivel nacional en la participación del más importante proceso de vacunación en la historia de la humanidad. Las vacunas que llegaron se aplicaron con celeridad. Y los propios vacunatorios son prueba no sólo de la eficacia sino del compromiso de profesionales y voluntarios que se sienten claramente partícipes de un proceso histórico y sin par. Y se puede ver en las múltiples manifestaciones de la gente que todos los días sale inoculada y mucho más tranquila de esos lugares.

En esa dirección hay que señalar que los acuerdos estratégicos entre el gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin, resultaron más sólidos y duraderos que los del presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. No hay ni un gesto de mezquidad rastreable y prominente en las decisiones que se tomaron en torno a las medidas de cuidados acordadas para el área y en relación con las restricciones del gobierno nacional. Tampoco en las vacunas, cuyas dosis se compartieron en ambos niveles de gobierno en el mismo momento que empezaron a llegar más de ellas y de distintas características que posibilitaron la utilización de la infraestructura de los vacunatorios municipales.  

La clave está en no perderse en los laberintos políticos que se siembran. Ahora desde Juntos por el Cambio quieren hacer creer a incautos y distraídos que la vuelta a la  presencialidad escolar en la provincia de Buenos Aires, dispuesta y anunciada por el gobernador Axel Kicillof, es producto de “la lucha de los padres organizados para defender la educación”, según postean en todos lados dirigentes nacionales, provinciales y locales del macrismo. Los mismos que habían visto en esa disyuntiva un hueco por donde colar su hambre electoral.

La clave está en no perderse en los laberintos políticos que se siembran cuando una diputada nacional por Santa Fe, Lucila Lehmann, anunciaba pruebas clave contra el ex ministro de Seguridad de Santa Fe Marcelo Sain para que prospere un juicio político amañado en su contra. Convocada a la comisión correspondiente en estos días en la Legislatura santafesina, la legisladora de Lilita Carrió olvidó de pronto todo el corpus probatorio y no aportó nada. Y pensar que algunos creyeron que dijo cosas “importantes” cuando para cubrir sus rastros deslizó que Santa Fe “es una provincia coptada por el narcotráfico”.

A no perderse tampoco en los laberintos que siembran siempre los mismos senadores provinciales que hicieron el peor negocio de su vida cuando llegó a la Casa Gris un gobernador de su mismo partido. Serán ellos los que demoren exenciones impositivas que ya están en un proyecto del Ejecutivo para poder negociar su cuota de beneficios. Por ahora el proyecto tiene preferencia para la semana próxima. Tiempo suficiente como para sentarse a hablar con el que maneja la economía santafesina.

La política repara con renuncias. Es así, como la justicia lo hace con fallos. La reparación, obvio, siempre es parcial. Y así como hubo que lamentar la salida del gobierno de uno de los mayores sanitaristas argentinos por sus errores al distribuir vacunas entre unos pocos amigos y conocidos cuando ya la gente estaba demandando vacunarse; lo mismo pasa ahora en Santa Fe con quien se adelantó unos turnos para ser inoculado en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Pero a no perderse aquí en ningún otro laberinto: Mientras Ginés González García fue sentido como una pérdida para el gobierno de Alberto Fernández, el ingeniero Alberto Joaquín jamás debió haber sido parte de los colaboradores del gobernador Perotti.