La confrontación entre los narcotraficantes por un lado y los militares y las fuerzas de seguridad por el otro, ya causó 200 mil muertos y más de 35 mil desaparecidos en México desde 2007, de acuerdo a cifras oficiales. El nivel de impunidad en estos delitos alcanzaría el 98 por ciento en promedio.

Con esa realidad a cuestas, los mexicanos votaron el 1º de julio por un cambio de rumbo del Sistema Político, incapaz de ofrecer hasta el momento una respuesta. Ese cambio tiene como emergente principal al nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien asumirá el cargo el 1º de diciembre.

Consciente de la expectativa que se ha puesto sobre él, AMLO está planeando una estrategia orientada a terminar con la violencia desatada por la guerra contra el narcotráfico. La propuesta se está elaborando con la participación de expertos, organizaciones civiles, víctimas y familiares de personas desaparecidas, a través de una serie de foros que se iniciaron la semana pasada en Ciudad Juárez, en el Estado de Chihuahua.

Dicha estrategia tiene por objetivo construir un proceso de paz que permita la reconciliación y, en muchos casos, aplicar justicia en casos de homicidios y desaparición de personas. Se contempla por ejemplo, crear comisiones de la verdad para resolver algunos de los casos más polémicos de los últimos años, como la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014. También se evalúa legalizar el cultivo de marihuana para fines lúdicos y permitir la siembra de amapola para uso farmacéutico. Pero esos no serían los aspectos más controvertidos.

¿Amnistía para los narcos?

En concreto, la polémica la desató el planteo de un proceso de amnistía para algunos detenidos o encarcelados por participar en el narcotráfico. Se persigue además alcanzar el desarme, la desmovilización y la reinserción de los miembros de la delincuencia organizada. López Obrador considera necesario aplicar una táctica distinta a la de los últimos dos gobiernos, que privilegiaron el combate militar al narcotráfico. No se va a arreglar esta situación a través de más balas y violencia, ha expresado públicamente el mandatario electo.

La estrategia de AMLO consiste en desarrollar un plan para terminar con la violencia después de los 18 foros y encuentros ciudadanos que se realizarán en varias regiones del país, y cuya finalidad es alcanzar un amplio margen de consenso y legitimación. La necesidad de obtener un base sólida de apoyo popular al plan es directamente proporcional al riesgo que supone, puesto que amnistiaría a sectores vinculados al narcotráfico, aplicaría un sistema de justicia transicional, mandaría a los militares nuevamente a los cuarteles y reduciría drásticamente la represión por parte de las fuerzas de seguridad. Todo ello, sin dejar de lado el clamor de justicia por parte de las víctimas y familiares de las víctimas de la violencia.

En concreto, la amnistía estaría orientada principalmente a los campesinos que siembran marihuana o amapola por necesidad económica, o porque fueron obligados por las bandas narcotraficantes. También beneficiaría a los jóvenes obligados a colaborar con los cárteles de la droga, o encarcelados por ser portadores de dosis mínima de drogas. En el proceso no entrarían los jefes de los cárteles, las bandas de robo de combustible, los homicidas ni los secuestradores. De acuerdo al plan no se va a amnistiar ningún crimen o delito vinculado con el uso de la violencia, y menos aún cuando se trate de crímenes de lesa humanidad.

Algunos elementos del plan ya se conocían desde la campaña electoral, y otros se añadieron tras los comicios presidenciales, como la decisión de crear comisiones de la verdad para investigar y resolver algunos de los casos más graves de violación a los derechos humanos. Un caso emblemático es el de las fosas clandestinas localizadas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, donde de acuerdo a lo que señalan distintas organizaciones civiles, se encontrarían  cientos de personas. Muchas de ellas fueron secuestradas cuando viajaban en ómnibus hacia la frontera norte. Otras vivían en comunidades vecinas. Las desapariciones comenzaron en 2011, uno de los años más violentos en la guerra contra el narcotráfico. Las autoridades suspendieron la búsqueda de cuerpos hace ya varios años.

El desafío: reparar el tejido social

Si bien la amnistía podría contribuir a reducir la violencia, de no mediar un proceso que garantice justicia, el plan acabaría por convertirse en pan para hoy y hambre para mañana. Una cita atribuida al Papa Pablo VI reza: Si quieres paz, lucha por la justicia. Es por eso que la estrategia de AMLO apunta a establecer un sistema de justicia transicional que permita la reconciliación entre los distintos sectores afectados.

El modelo transicional se aplica en países que sufrieron conflictos armados, represión o crímenes de lesa humanidad que el propio sistema de justicia no puede resolver. Se trata de casos de graves violaciones de los derechos humanos cometidas de manera sistemática, tal como ha sucedido en México durante los 12 años de guerra contra el narcotráfico. Como experiencias observables de aplicación de procesos de justicia transicional, pueden mencionarse los casos de Guatemala, Perú y -más recientemente- Colombia. No obstante ello, México deberá encontrar un camino singular y autóctono.

Un sistema de justicia de esta naturaleza apuntaría a conocer y visibilizar la verdad histórica acerca de lo sucedido en las comunidades y las poblaciones afectadas por la guerra contra el narcotráfico. A partir de allí, podría construirse un proceso de memoria que incluya no sólo la reparación del daño, sino la garantía a las víctimas de la no repetición de los hechos. El tema es particularmente sensible con relación a la desaparición de aproximadamente 35 mil personas durante la guerra contra el narcotráfico. Argentina podría aportar experiencia y conocimiento sobre el tema.

Una propuesta que analiza el equipo de AMLO con el ánimo de resolver los casos de desapariciones es promover una ley de reducción de penas, aplicable a detenidos que aportan información para resolver crímenes o encontrar desaparecidos.

En última instancia, hay que destacar que, para tener posibilidades de éxito, la estrategia de pacificación nacional de AMLO deberá ser necesariamente integral como para plantear amnistía para algunos, reducción de penas para quienes colaboren, penas para otros, sin abandonar la persecución de los grandes cárteles pero desde una perspectiva que involucre una mayor labor de inteligencia y menos violencia, haciendo cumplir al Estado las funciones que le competen pero sin perder de vista jamás el deber de hacerlo desde una perspectiva de los derechos humanos, si es que se defiende un sistema político democrático.

Si AMLO consigue desplegar una estrategia que -por controvertida que fuera- contemple un sistema de justicia aceptado y legitimado que conduzca a la reconciliación, pasará sin dudas a la historia.