“Hoy el principal problema de la Argentina es el precio de los alimentos”. La frase del ministro de Desarrollo Social de la nación, Daniel Arroyo se formuló en ocasión de lanzar un aumento en la ayuda extra para los sectores más vulnerables de la sociedad. Pero el problema es profundo y se extiende mucho más allá de los sectores más empobrecidos que, efectivamente, son los que más sufren. Las mesas de consenso que tendió el gobierno de Alberto Fernández para los acuerdos de precios y salarios, fueron una primera etapa razonable y correcta. Pero, como siempre que hay que buscar resultados concretos en los acuerdos, aparecen los problemas reales y las gestualidades quedan en sólo eso, gestos desprovistos de la acción.

El gobierno reconoce el problema y ese es un inicio formidable y actúa como paracaídas en el recorrido hacia abajo de una realidad económica que agravada por la pandemia y los cuatro años del macrismo; sumergió en la pobreza a casi un 50 por ciento de la población argentina. Con esos números es muy difícil pensar en el futuro.

Pero la temática que siempre aborda el peronismo, también por tradición e historia, parece fuera de la centralidad del conflicto político. El esfuerzo notable de la oposición por dañar la imagen del presidente, la vice y su gabinete, con la mera intención de posicionarse para las próximas elecciones torna casi inútil todo esfuerzo por discutir los problemas reales. Esos que la gente percibe pero a los que no puede atribuir a un solo responsable o a una única causa.

La suba de los precios de los commodities que en principio son una buena noticia para las arcas nacionales, terminan por distanciar más y más la realidad externa de la mesa de los argentinos. Está claro que ése no es el único problema de la suba de precios de los alimentos, pero seguro es uno de ellos seguido de cerca por la cadena de comercialización, también concentrada en pocas manos. 

Esta semana, el periodista económico Alejandro Bercovich en un reportaje con Radio SI 98.9 fue contundente al hacer notar la caída del salario en dólares en el país: En 2015 era de 1500 dólares, pasó a ser de 500 en 2019 y ahora trepó a los 670 dólares. Pero además criticó la decisión del gobierno nacional de no avanzar sobre la nacionalización del grupo Vicentin, que hubiera resultado vital como testigo para la exportación de granos. Unas raquíticas movilizaciones bastaron para poner sobre aviso al oficialismo como para insistir con la medida.

Ese quizás sea uno de los problemas en el marco de una puja política -que es la puja redistributiva en el país- cuando un gobierno orientado a los sectores populares debe enfrentar una batalla por el sentido que es la que termina muchas veces ganando o perdiendo elecciones. Como siempre, es más la política que la economía.