La inflación forma parte del lenguaje cotidiano de este país, como no sucede en casi ningún otro, desde hace décadas. Desde finales de los 30 del siglo pasado y hasta las famosas “hiperinflaciones” de los ’80, este país convivió durante generaciones con diferentes niveles de aumento de precios.

Sin embargo, en años recientes, nos acostumbramos a un nivel razonable de aumentos. En particular, desde la reapertura generalizada de las paritarias en 2004 y hasta el año pasado, una inflación razonable fue aquella en la cual si bien había aumentos de precios, también hubo aumentos de salarios que los emparejaban y, por momentos, les ganaban. En otras palabras, había inflación, pero también había más poder adquisitivo, y eso mantuvo el nivel de vida e incluso lo mejoró para las clases medias y sectores populares.

Ahora bien, esta especie de pacto no escrito de gobernabilidad económica se rompió durante este año. Pese a los anuncios de contención de inflación que hizo el ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay a principios de 2016, en los que dijo “la inflación esperada sería de cerca del 25% para este año”, la realidad se opuso con violencia.

Ayer el Instituto Estadístico de los Trabajadores anunció que la inflación hasta octubre fue de 42% y que -este es el dato sobresaliente- pegó más entre los sectores con menos ingresos, llegando hasta el 48%. La explicación que dio Daniel Schteingart, uno de los técnicos que está detrás de este proyecto y que estuvo en Rosario la semana pasada en la Facultad de Ciencias Económicas invitado por la Universidad del Hacer (de Ciudad Futura) es la siguiente: los productos de primera necesidad (como alimentos y bebidas) aumentaron más que otras cosas.

Como los sectores de menores ingresos consumen mayor parte de su presupuesto mensual en este tipo de productos -porque no les sobra para comprar, digamos, pasajes de avión que no aumentaron tanto-, la inflación les pega más.

Hace apenas un par de meses el discurso oficial seguía sosteniendo que la inflación desatada era algo pasajero. No obstante, vemos que octubre sigue con los niveles inflacionarios que convirtieron a 2016 en un año olvidable para los asalariados y que hicieron que el salario real cayera al menos siete puntos (aunque otros cálculos hablan de más de 10). Y esto es sobre todo, porque las paritarias no alcanzaron para cubrir estos aumentos. No es de extrañar que veamos por estos días airados reclamos para reabrirlas y, así, lograr una mejora para al menos empatarle a los precios.

Esta cuestión de dinámica de precios suele confundir, pero la clave está en la comparación: todo crece (precios, salarios, gastos, ingresos), pero hay cosas que crecen más y cosas que crecen menos: si los salarios crecen más que los precios, se gana. Viceversa, se pierde. Y aquí aparece un último punto destacado: el gasto público.

El presupuesto nacional considera para el 2017 un crecimiento de alrededor del 30%. Este valor se impone hacia abajo y tanto el presupuesto provincial de Santa Fe como el municipal de Rosario suponen una pauta similar de crecimiento. Ante aumentos de precios durante este año de más de 40%, está claro que el gasto público no alcanza a para cubrir los aumentos.

Es decir, en 2017, el gasto público será menor, en términos reales, que lo que fue en 2016. Se está ajustando el gasto público, pero de una manera sutil. O no tan sutil, como sucedió con el presupuesto de Ciencia y Técnica: el candidato a presidente que había prometido duplicarlo, lo bajó al acceder al gobierno. La calle, en este caso, pareció mostrar un límite al recorte.