El ministro de la Producción de Santa Fe, Luis Contigiani ha pasado a ser en estos días una verdadera espada política del gobierno de Miguel Lifschitz. Desde un área inesperada, presuntamente técnica, lanzó los conceptos políticos más interesantes en los últimos en tiempos, en boca de un dirigente en funciones. “Le pido a (Juan José) Aranguren que sea el ministro de toda la Argentina y no sólo de las petroleras”, le disparó al funcionario del presidente Mauricio Macri a las pocas horas de haber confirmado el aumento del 10 por ciento de los combustibles. Contigiani ya sabía que la medida sumaría un quebranto de 8 mil millones de pesos a los productores agropecuarios de la provincia, ya sumidos en las enormes pérdidas derivadas de la catástrofe hídrica que vive Santa Fe.

A los pocos días, la realidad le volvió a dar otro sentido a los dichos de Contigiani. El diputado nacional Alejandro Ramos denunció que el subsecretario de Tarifas del ministerio que conduce Aranguren, Andrés Chambouleyran es un “técnico” que ha oficiado como testigo clave contra la Argentina en al menos diez ocasiones en distintos juicios que el país enfrentó en el CIADI contra empresas extranjeras. Todo un patriota que ahora se encarga de ponerle precio a los servicios fundamentales de la población.

Como siempre, la política del ministro de Energía de la Nación fue defendida por el joven jefe de Gabinete, Marcos Peña, que de lejos parecía uno de los ministros con mayor capacidad política en el gobierno de Cambiemos, pero que ya empieza a mostrar un prematuro deterioro como vocero del relato macrista. “Aranguren está arreglando el desastre que dejó el ex ministro Julio De Vido”, disparó en un programa de televisión para justificar el tarifazo a los combustibles que no registra precedentes en los últimos 35 años y que fue criticado hasta por dos salvajes neoliberales como Domingo Cavallo y José Luis Espert.

El deterioro y la falta de una política que incluya a la gente, empieza a notarse en todas las áreas. Por eso esta semana también se lo escuchó muy duro a Felipe Solá, del Frente Renovador, que la emprendió contra Ricardo Buryaile, responsable de la cartera de Agricultura y Ganadería; porque después de la baja y supresión de las retenciones “no se tomó ninguna otra medida que beneficie a los pequeños y medianos productores”, dijo Solá y agregó que en general “este gobierno aplica un conjunto de medidas que separa la economía de la gente”.

En este marco es que Macri se acerca a otra dura derrota política cuando se vote en Diputados la ley antidespidos que ya tiene media sanción en Senadores. No es la norma en sí misma, transformada por Macri en un estandarte de guerra, sino lo que ella representa para el gobierno nacional: todo el arco político opositor sin excepciones diciéndole que debe cambiar ya de política para dejar de asfixiar a los sectores de ingresos fijos, a los trabajadores.