Se puede o no estar de acuerdo con las políticas públicas del gobierno de Cambiemos, pero de lo que no se puede dudar es del efecto que éstas producen. El avance en las comisiones de Diputados y Senadores del proyecto de ley de Emergencia Ocupacional, da un indicio clarísimo: La oposición en su conjunto, sin fisuras, opina que no hay garantías al mediano plazo de que se esté por venir una ola de bienestar para la sociedad argentina, una vez pasado este trago amargo de devaluación, ajustes y despidos.

El presidente se muestra dispuesto a resistir el embate político y hasta anuncia el veto contra esa ley si prospera en el parlamento con la doble indemnización incluida. Es la misma norma que las cinco centrales sindicales (las tres CGT y las dos CTA) les pidieron a los legisladores que impulsen. Más allá del promocionado pase de factura de la una senadora por Misiones a los líderes sindicales -“ustedes hicieron mucho para que gane este gobierno”- ahora ha llegado la hora de la verdad: Contabilizar cuántos están de este lado y en contra de la medidas de corte neoliberal que impulsa el gobierno.

Por más especialistas en “alegría” que contrate Mauricio Macri para que sus ministros no se sientan “abrumados” y entiendan el sentido profundo de la “pobreza”; los únicos que no pueden darse el lujo de reflexionar son precisamente los pobres que ha generado este gobierno.

Un trabajo de la economista Julia Strada junto a otros profesionales del CEPA, ubicó la transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados de la economía argentina, en unos 50 mil millones de pesos en estos cuatro meses. Mientras que las medidas recientes anunciadas por el presidente para los sectores de menores recursos (ampliación de la AUH, devolución del IVA a la canasta básica de alimentos, 500 pesos por única vez a jubilados y pensionados que reciben la mínima, etc.) suman poco más de 19 mil millones de pesos.

Más allá de la asimetría evidente, hay que poner en evidencia que los tarifazos en luz, gas y agua, prácticamente se comieron los escasos beneficios para los más humildes. Mientras que la transferencia hacia los más poderosos, permanece intacta.

Un esquema que los especialistas denominan “70/30”: Un 70 por ciento de participación en el PBI para los sectores más concentrados de la economía y un 30 por ciento de participación en el mismo índice de parte de los asalariados. Una ecuación que había sido claramente vencida en estos últimos años.