Hay quienes sostienen que la propuesta de Joe Biden es una locura que no hace más que confirmar que Donald Trump tenía razón y el mandatario demócrata es un marxista encubierto. Otros, sostienen que el presidente intenta recuperar una impronta cercana a lo que fue el Estado de Bienestar y que, en todo caso, eso supondría el final de la etapa ultraliberal iniciada por Ronald Reagan a comienzos de los años ‘80.

Joe Biden anunció que su plan económico apunta a renovar infraestructura, crear millones de empleos y recortar las emisiones de carbono, con el objetivo de modernizar la economía. El otro objetivo que transluce, es aumentar la intervención estatal para ganar competitividad estratégica frente al gran adversario de los Estados Unidos: China.

Pero el ambicioso plan del presidente, valuado en 2,25 billones de dólares (un billón equivale a un millón de millones), necesita aún la aprobación del Congreso. Y dado que se financiaría con un aumento de los impuestos a las corporaciones durante 15 años, los lobbies en el Capitolio están ardiendo. Arrancarle semejante cifra al establishment económico hace necesario afectar muchos y muy significativos intereses.

El plan

El denominado -con picardía- Plan de Empleos Estadounidenses es el pilar inicial de la agenda económica de Biden en sus primeros 100 días de gobierno. Alrededor de la mitad de los fondos se dedicarían a renovar las infraestructuras tradicionales, un objetivo que tanto el gobernante Partido Demócrata como el opositor Partido Republicano aseguran compartir, pero sobre el cual nunca pudieron acordar cómo debería financiarse.

La propuesta de Biden apunta a destinar 620 mil millones de dólares a renovar 32 mil kilómetros de carreteras y autopistas, a reconstruir diez puentes estratégicos y a reparar otros 10 mil de menor tamaño. Con esos fondos también se espera modernizar puertos y aeropuertos, duplicar la inversión federal en los sistemas de transporte público y construir una red de 500 mil cargadores de vehículos eléctricos para 2030.

Un segundo bloque de inversión de 650 mil millones de dólares estaría destinado a invertir en el acceso a banda ancha especialmente enfocado en las comunidades rurales, y a mejoras significativas en materia de provisión de agua potable, electricidad y vivienda, además de reemplazar todas las tuberías de plomo del país y reducir la exposición a ese metal en 400 mil establecimientos educativos.

Otro paquete de 580 mil millones de dólares sería destinado a la investigación y el desarrollo, la producción y la formación. Por último, los 400 mil millones restantes tendrían como objetivo contratar a trabajadores para el cuidado de personas con discapacidad y adultos mayores. Desde la Casa Blanca argumentan que este tipo de cuidados también forma parte de la infraestructura económica del país, pero algunos republicanos consideran que se trata solamente de una medida demagógica tendiente a satisfacer al sector más progresista del electorado.

Como si lo anterior fuera poco, el presidente planea presentar durante este mes otro paquete que abordaría temas socialmente sensibles como las asignaciones por desempleo y el acceso universal a jardines de nivel inicial a bajo costo.

Debido a su objetivo manifiesto de crear millones de empleos y modernizar el país, el plan cuenta con el apoyo del 73 por ciento de los votantes sin distinción de ideologías. De hecho, entre los votantes republicanos lo respalda el 57 por ciento. Sin embargo, en el Congreso todo parece indicar que la oposición se encamina a establecer una discusión polarizada en términos ideológicos en lugar de debatir respecto a lo que está realmente en juego: intereses.

La financiación

Independiente del qué y el para qué, la discusión girará principalmente en torno a cómo se va a financiar el plan. El presidente quiere hacerlo mediante un incremento del impuesto de sociedades al que apunta a llevar hasta el 28 por ciento, frente al 21 en vigor desde 2017, cuando Donald Trump aprobó una reforma fiscal que benefició a las empresas pero debilitó al Estado.

Biden sostiene que su propuesta es sensata porque mantendría el impuesto que pagan las corporaciones en un nivel menor que el que tuvo entre la Segunda Guerra Mundial y 2017, dado que antes de que Trump realizara su reforma, el tributo era del 35 por ciento.

El gobierno también planea obligar a las grandes empresas del país a pagar impuestos, al imponer una tasa mínima del 15 por ciento en sus ingresos y gravar algunos de sus ingresos en el extranjero.

Biden expresó que “Amazon y otras compañías no pagan ni un solo centavo de impuestos federales por sus ingresos. Eso, sencillamente, está mal. Y voy a ponerle fin”.

El comentario tuvo su respuesta en la voz del líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, quien acusó a Biden de usar la infraestructura como un “caballo de Troya” para impulsar el mayor aumento de impuestos de toda una generación.

Algunos economistas manifiestan sus dudas respecto de los cálculos que hace el gobierno, el cual sostiene que las inversiones del plan durarán ocho años, pero se tardará casi el doble -15 años- en recaudar a través de los impuestos el dinero necesario para financiarlo. El temor medular es que si el plan del presidente fracasara, conduciría a un sobrecalentamiento de la economía con alta inflación, inestabilidad financiera y una regresión a la economía de los años ‘70, caracterizada por recesión con inflación. Pero otros, como el premio Nobel de Economía, Paul Krugman, apoya el plan de Biden.

Argumenta que sólo hay pruebas débiles de la teoría que afirma que las tasas de desempleo bajas elevan los salarios y provocan inflación. Para Krugman, este punto de vista sólo conduce a que la política se vea excesivamente limitada por “el miedo a que se repitan los años.

Biden respondió a las críticas de los detractores del plan con una invitación formulada tanto a los republicanos como a los demócratas más progresistas de presentarle propuestas alternativas, siempre que ello no implique un aumento de impuestos a quienes cobren menos de 400 mil dólares anuales.

Ahora, a esperar

El plan del presidente fue presentado menos de un mes después de firmar un rescate de 1,9 billones de dólares para la economía por los efectos de la pandemia de Covid-19. Con esta otra gran inversión Biden pretende resolver problemas estructurales que, a su juicio, lastran el potencial de los Estados Unidos frente China. De hecho, si llega a pasar airoso por el Congreso, el plan supondría la mayor inversión en empleos desde la Segunda Guerra Mundial.

Los refutaciones que el plan del presidente debe enfrentar provienen fundamentalmente de los extremos del espectro ideológico. La oposición conservadora considera la propuesta demasiado amplia y no está de acuerdo con los mecanismos para financiarla.

Los sectores progresistas más radicalizados, la consideran insuficiente. Pero Biden se mantiene optimista y pronosticó que logrará su aprobación, pese a que la estrecha mayoría de su partido en el Senado obligará al gobierno a contar con apoyos republicanos o a recurrir a mecanismos legislativos excepcionales.

En cualquier caso, Biden deja un mensaje bastante claro en el trasfondo de su ambicioso
plan. No es sensato en los tiempos que corren prescindir de un Estado presente.