El régimen bolivariano decidió tapar la crisis social, económica y política que atraviesa el país con elecciones. Se supone también que los votos ocultarán la ilegitimidad de origen de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que se proclama soberana. Tras las elecciones regionales del 15 de octubre en las cuales -contra todo pronóstico- alcanzó otra de sus cuestionables victorias y se quedó con la amplia mayoría de las gobernaciones del país, ahora el chavismo va por más y apunta a las elecciones municipales, las cuales adelantó para diciembre. La decisión fue adoptada pocas horas después de que el Tribunal Supremo en el exilio decretó la disolución de la ANC y en medio de la peor crisis política para la oposición venezolana desde que el chavismo llegó al poder.

A pesar de los muertos en los últimos meses, el mil por ciento de inflación, el aumento de la criminalidad y la creciente emigración de venezolanos, la persistencia del oficialismo para aferrarse al poder con uñas y dientes logró que el paso del tiempo, la falta de objetivos claros y las divergencias internas hicieran efecto sobre la oposición. Los distintos sectores reunidos en torno a la Mesa de Unidad Democrática (MUD) nunca encontraron un éxito electoral decisivo que los aglutinara, fracasaron en en la batalla por dominar las calles y concluyeron sucumbiendo a sus propias contradicciones. El episodio decisivo fue el resultado de las elecciones regionales.

La Mesa rota

Nicolás Maduro consiguió algo impensado hace un par de meses: rompió la Mesa Unidad Democrática antes de terminar un año en el que su presidencia corrió riesgos de llegar a su fin. Con la Mesa rota, Maduro tiene el camino prácticamente despejado con miras a las elecciones presidenciales de 2018.

Además de explotar las propias contradicciones de la MUD, el chavismo apeló a chantajes, amenazas y la victoria en las ya mencionadas elecciones regionales, las cuales ganó con trampas y con fraude en Bolívar, uno de los territorios más ricos del continente en oro, diamantes y coltán, que permanecerá en manos de un general afín al régimen.

Debe destacarse sin embargo que fue la propia MUD la que se despenó a sí misma. Cuatro de los cinco gobernadores opositores recién elegidos decidieron subordinarse el lunes a la ANC, en vez de declararse en rebeldía y desconocer las elecciones amañadas. Laidy Gómez -Táchira-, Ramón Guevara -Mérida-, Antonio Barreto Sira -Anzoátegui- y Alfredo Díaz -Nueva Esparta-, todos  militantes de la socialdemócrata Acción Democrática (AD), claudicaron ante las amenazas presidenciales. Maduro había advertido que quien no se subordinase a la ANC sería destituido e inhabilitado. Gómez ejerció de portavoz de los cuatro, con una serie de justificaciones débiles en un ejercicio de malabarismo político. La mandataria de Táchira aseguró que las opciones que les quedaban si no juraban eran la cárcel o el exilio. Al parecer, el honor no era una alternativa.

En los nueve días transcurridos desde su elección, a los cuatro gobernadores les quitaron la policía regional. Zulia, el Estado fronterizo con Colombia también perdió cinco de sus empresas regionales con mayor presupuesto, que pasaron a manos del Estado central. Además, Maduro les impuso un "protector" en cada Estado, una suerte de gobernador paralelo que recibe buena parte de los fondos del presupuesto enviados desde Caracas.

Juan Pablo Guanipa, electo gobernador de Zulia, el Estado más poblado del país, fue el único que no se plegó a la puesta en escena. "No nos vamos a arrodillar y el pueblo de Zulia no se va a arrodillar", declaró en la Asamblea. Su determinación fue aplaudida por los principales dirigentes de la MUD, como Henrique Capriles. También contó con el apoyo de Voluntad Popular, partido del preso político Leopoldo López. Sus simpatizantes se concentraron en Maracaibo para demostrarle su respaldo, pero fueron reprimidos por la policía. Como consecuencia, Guanipa fue destituido por el Consejo Legislativo de su Estado y el régimen declaró vacante la gobernación de Zulia, lo que provocará nuevas elecciones en la región fronteriza con Colombia, la más rica en petróleo del país.

Más elecciones y menos democracia

Para considerar democrático a un sistema político, se hacen necesarias tres condiciones. La primera es la aplicación de la regla de la mayoría, mediante la cual aquellos que obtienen el mayor caudal de votos, gobiernan. La segunda es el estricto ejercicio de los derechos de las minorías. El tercero es una irrestricta libertad de opinión e información.

Las tres condiciones deben cumplirse en simultáneo para que el sistema político pueda reconocerse como democrático. Está claro que eso no sucede en Venezuela. Solamente se aplica -y mediante distintas formas de fraude- la regla de la mayoría. Esa argucia es utilizada por los regímenes de partido único -con pretensiones autoritarias y hasta totalitarias- como instrumento de legitimación. En esos casos, se cumple la regla de la mayoría como si ella, por sí sola, garantizara la democracia, cuando lo único que se cumple de hecho, es la dictadura de la mayoría.

En este contexto de dispersión opositora, el chavismo se siente triunfador. Las diferencias entre quienes integran esa heterogénea oposición lograron que ni siquiera pudieran usufructuar el aislamiento internacional que recae sobre el régimen bolivariano.

Solamente el tiempo mostrará si los muy diversos sectores opositores tienen capacidad de resiliencia y pueden reunirse en torno a un proyecto más ambicioso que desplazar al chavismo y nada más. Hasta que eso suceda, los opositores terminarán compartiendo con el oficialismo la responsabilidad de no poder ofrecer una salida a los venezolanos a las múltiples crisis que desangran al país.