El gobierno anterior, según la actual gestión, habría montado un aparato estatal distorsivo que, mediante excesivos impuestos y subsidios y un amplio conjunto de regulaciones, no permitía el natural desarrollo de las fuerzas productivas de nuestro país.

Montado sobre esta lógica discursiva, el nuevo gobierno tomó en este breve periodo un conjunto de decisiones económicas entre las que se destacan las siguientes:

  • Eliminación total o parcial de las retenciones a la exportación de productos agropecuarios e industriales.
  • Relajación de las restricciones al ingreso de importaciones.
  • Liberalización del tipo de cambio.
  • Reducción de las restricciones a la entrada de capitales especulativo: Antes los capitales extranjeros que entraban al país debían constituir una reserva del 30 por ciento del monto ingresado y permanecer en el país al menos un año. La nueva reglamentación eliminó la reserva y redujo a 120 días la permanencia mínima.
  • Disminución del impuesto a la adquisición de autos de alta gama.
  • Desarticulación de los programas Procrear y Precios Cuidados.
  • Quita de los subsidios a la energía eléctrica.
  • Paralización de la obra pública.
  • Liberalización de las tasas de interés.
  • Despidos masivos de trabajadores del Estado.

Si observamos la primera palabra de cada ítem de la enumeración anterior, vamos a encontrarnos con un factor común: en todos los casos se trata de activas acciones de retiro del Estado. Este es el sentido de la economía sincera. El sinceramiento económico exige que las políticas de Estado se orienten a eliminar impuestos, regulaciones, requisitos y normativas. En definitiva, la economía necesita que el Estado “la deje libre”. Economía sincera es economía libre.

Este esquema de economía libre, sin embargo, genera y profundiza las desigualdades sociales. Las consecuencias de esta batería de libertarias medidas se traducen en nuevos desempleados, reducción de los salarios, disminución de la calidad de los servicios de salud y educación brindados por el Estado a todos los habitantes, nuevos problemas de acceso a la vivienda, etc.

Cuando estos efectos se empiezan a sentir, la protesta social de los actores que pierden con el nuevo modelo comienza a ganar lugar en la vida política del país y puede llegar a amenazar la continuidad de los dirigentes que promueven este esquema de negocios. Aquí es donde las puras ideas liberales se terminan, donde la economía libre necesita la presencia del Estado.

Para que la economía sea libre, la protesta social no debe tener lugar. La sincera economía vuelve a requerir los servicios del Estado que ahora deberá garantizar el orden y no permitir que se organicen y manifiesten las mayorías perjudicadas por el “sinceramiento”. Así vuelve el Estado, ya no como un conjunto de regulaciones económicas, sino como represor de las demandas sociales. El Ministerio de Economía cede gran parte del protagonismo a las fuerzas de seguridad.

La economía libre necesita de un Estado represivo. La libertad de las variables económicas es incompatible con la libertad de los dirigentes sociales que pretendan representar las demandas de los perdedores del nuevo modelo.