sec-corbata

Río teme, Temer ríe

La militarización de la lucha contra el crimen en Río de Janeiro supone un giro autoritario de la política brasileña y abre un debate acerca de las ambiciones de Michel Temer por retener el poder

Río de Janeiro padece un aumento desmesurado de la violencia y la criminalidad, producto de la crisis financiera del Estado que el año pasado produjo retrasos en el pago de los salarios a las fuerzas de seguridad. Lo que sucede en el plano local no es más que el correlato del conflicto económico, social y político que atraviesa el país.

El Instituto de Seguridad Pública local destacó que en 2017 el número de muertes violentas aumentó un 7,5 por ciento, el mayor crecimiento desde 2009, cuando se implementó el proceso de pacificación de las favelas dominadas hasta entonces por bandas narcotraficantes, hacia el final del gobierno de Luis Inazio Lula da Silva. El número es alto, pero otros Estados del país con menor visibilidad pública, ostentan cifras peores. Cabe pensar entonces que el gobierno nacional adoptó la medida de militarizar la lucha contra la inseguridad con el objetivo de encauzar su imagen ante la opinión pública. Es por eso que las especulaciones comenzaron a caldear el clima -de por sí ardiente- de la política brasileña actual. ¿Intenta Temer presentarse como candidato presidencial en octubre, quiere imponer un delfín, o solamente quiere rescatar su imagen para la posteridad?

La militarización

A partir de un decreto rubricado por el presidente y consensuado con el gobernador, la semana pasada las fuerzas armadas tomaron el control de las principales vías que conectan la ciudad de Río de Janeiro con el resto del país. Con vehículos blindados y fuertemente armados, unos 3 mil militares junto a policías, asumieron posiciones estratégicas alrededor de la cidade maravilhosa para evitar el ingreso de drogas y armas, así como el robo de cargamentos. El operativo se produjo en el marco de una misión orientada a garantizar el cumplimiento de la ley y la manutención del orden como las que tantas veces se implementaron en Río de Janeiro y en otros Estados. Pero a diferencia de anteriores ocasiones, esta es la primera vez desde la sanción de la Constitución de 1988 que toda la gestión de la seguridad del Estado, que involucra a la policía civil, la policía militar, el área de inteligencia y los presidios, está a cargo de las fuerzas armadas. El interventor designado fue el general Walter Braga Netto, jefe del Comando Militar del Este y encargado del operativo de seguridad durante los Juegos Olímpicos de 2016.

Independientemente del tangible aumento de la criminalidad y la violencia, la percepción social de inseguridad es mayor en Río de Janeiro que en otros sitios producto -en buena medida- de la concentración de medios masivos de comunicación, que actúan como caja de resonancia a nivel nacional. Además, Río es una ciudad ícono de Brasil frente al mundo y un poderoso centro turístico. Una mala imagen de Río, es una mala imagen para el país.

Como contracara de la militarización comenzaron a alzarse voces que la cuestionan, no solo por su eficacia y riesgos. Existe la posibilidad de que la corrupción alcance a las fuerzas armadas debido a los gigantescos flujos de dinero que manejan las bandas de narcotraficantes. El sistema político se torna más autoritario debido a que se confunde deliberadamente la función de las fuerzas armadas,  que es eminentemente de defensa frente a eventuales ataques exteriores, con la función de control del crimen, el delito y la violencia, que le compete a las fuerzas de seguridad. Esta confusión no es una novedad. Todas las dictaduras sudamericanas la utilizaron durante los años sesenta y ochenta en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional emanada del gobierno de los Estados Unidos, para combatir al comunismo bajo la figura del “enemigo interior”. Pero los militares no se forman para controlar sino para combatir y, eventualmente eliminar a un enemigo que claramente proviene de afuera del país que defiende. Un miembro de las fuerzas de seguridad debe proteger la vida y los bienes de las personas del accionar de otras personas -generalmente compatriotas- cuya conducta está claramente reñida con la ley. El tratamiento es evidentemente distinto y requiere de organizaciones diferentes. En el fondo todo se resuelve en una fórmula de reducción del déficit fiscal: no aumentar los recursos para los Estados ni para las fuerzas de seguridad, y poner a las fuerzas armadas a cumplir una función que no es la suya, pero a costo cero.

Por último, resulta preocupante que un sector importante de la sociedad respalde medidas de corte reaccionario, independientemente de que nadie disfrute vivir preocupado por su seguridad en vez de empeñar las energías en disfrutar los beneficios de la libertad en el marco del estado de derecho. Pero el oficialismo, aunque impopular, parece haber captado a la perfección la preocupación social por la violencia creciente y la criminalidad que se expande territorialmente.

Lotería política

En octubre se realizarán las elecciones presidenciales en un contexto de incertidumbre en torno a la figura del expresidente Lula da Silva. Aún no se sabe si el Poder Judicial hará de cumplimiento efectivo la condena a 12 años de prisión que le impuso y si podrá o no ser candidato a presidente. En 10 meses Michel Temer concluirá su mandato y nadie puede predecir -sin riesgo de hacer un papelón- a quién le entregará el poder.

Los sondeos indican que la popularidad del gobierno es paupérrima, pero sin embargo se duplicó: paso en los últimos meses del 3 al 6 por ciento. Esa mejora se debería a las incipientes señales de que el país estaría dejando atrás el estancamiento, como producto de las medidas de ajuste adoptadas por Temer. Es por eso que hay quienes creen que el presidente, envalentonado, pretende fortalecer su posición para eventualmente lanzarse como candidato de último momento a la reelección. Otra alternativa es que busque convertirse en un gran elector y poder así imponer un delfín que no solamente consolide las medidas ya adoptadas sino que también garantice impunidad tanto para él como para el vasto sector de la dirigencia política y empresarial que lo acompaña y sobre el cual pesan múltiples acusaciones y sospechas de corrupción.

Las especulaciones comenzaron cuando el publicista que asesora al gobierno, Elsinho Mouco, declaró a los medios que con el despliegue de las fuerzas armadas en Río para contrarrestar la criminalidad y la violencia, Temer podría aumentar su popularidad. Sin embargo, lo difícil no es la posibilidad de que Temer amplíe sus márgenes de aceptación, sino el rechazo que hacia su gobierno profesa el 74 por ciento de la población. No obstante ello, ya se trabaja para apuntalar la imagen del presidente con una serie de actos públicos y viajes por todo el país.

Aun así, parece más realista la posibilidad de que la intención verdadera sea ungir a un sucesor. Hay inclusive un nombre del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) en danza: el del ministro de Economía, Henrique Meirelles, quien no oculta sus aspiraciones presidenciales.

Iniciativa, democracia y autoritarismo

Debe señalarse que la medida le devolvió iniciativa política al gobierno pensando en las elecciones de octubre. Lula, favorito con un 36 por ciento de intención de voto podría quedar fuera de la carrera de un momento a otro. El diputado de ultraderecha Jair Messias Bolsonaro, del Partido Social Liberal, quien se encuentra segundo en los sondeos con un 16 por ciento de intención de voto y ha hecho de la mano dura en materia de seguridad una de sus banderas, comprendió que el gobierno intenta birlarle a sus eventuales votantes. El exmilitar reaccionó indignado cuando se enteró de la medida: "Temer ya robó demasiadas cosas, ¡no me va a robar mi discurso!". En realidad ya le robó algo peor, el convertir su discurso en realidad.

Mientras el temor se mantiene a flor de piel en las calles de Río, Temer ríe en el palacio del Planalto y cavila acerca de las posibilidades de su partido -y las suyas propias- de retener el poder político.  Para eso deberá seducir a un pueblo que le es esquivo. Lo doloroso sería que ese pueblo concluya por inferir que la democracia es sinónimo de corrupción, crimen y violencia. La democracia

COMENTARIOS

*Los comentarios que integran esta discusión no representan la opinión de RosarioPlus. Son opiniones personales de los usuarios

Seguí leyendo