El asesinato a balazos de un mapuche en Villa Mascardi, cerca de Bariloche, pone en evidencia lo que intentaba señalar la muerte de Santiago Maldonado: Hay una decisión política de impedir que distintas agrupaciones de pueblos originarios de la Patagonia, sigan con sus prácticas de ocupación de tierras ancestrales. Más allá de lo que se piense de este conflicto o la mayor o menor simpatía que despierten los métodos de estos grupos para reclamar su territorio histórico; es claro que se eligió una forma de disuasión que pasa por la violencia estatal ejercida por las distintas fuerzas para defender la propiedad de estas cientos de miles de hectáreas hoy mayormente en manos extranjeras.

Rafael Nahuel recibió un balazo que ingresó por la zona de glúteos para después llegar hacia el tórax y causarle la muerte. Los disparos fueron hechos por miembros del grupo de elite de la Prefectura Argentina, más conocido por los Albatros. Nahuel y otras seis mujeres que ahora están detenidas, habían usurpado un predio en la zona de Villa Mascardi y fueron ferozmente reprimidos ya que hay además otros dos heridos de bala que están fuera de peligro.

Este era el debate que estaba detrás de la muerte de Maldonado que ahora, por las pericias realizadas y avaladas por distintos sectores, se comprobó que murió ahogado y que su cuerpo estuvo todo el tiempo en el río Santa Cruz. Con estas conclusiones científicas rápidamente se declaró la inocencia de Gendarmería en este caso, fundamentalmente en lo que hace la desaparición forzada de personas. Pero la verdad es que no se puede desligar totalmente a la fuerza nacional de la cacería que determinó que el artesano terminara ahogándose en el río mientras era perseguido.

Lo que hay concretamente es un cambio de paradigma que ordena reprimir la protesta social. Ese es el cambio en este caso y que encuadra con el carácter “reformista” que le quiere imprimir el gobierno de Mauricio Macri al país. En esta reforma lo que se establece es que no se van a tolerar usurpaciones o cortes de ruta o toma de edificios, así tenga que morir alguien en los choques con las fuerzas regulares.

Se sabe, sean nacionales o provinciales, las fuerzas del orden tienen un interruptor con dos posiciones solamente: O atacan o no hacen nada, es impensable verlas negociando, tratando de disolver el conflicto de manera pacífica aunque este proceso lleve más tiempo.

Una vez más, en el caso del mapuche asesinado ha comenzado una investigación a cargo de un juez federal del sur que contará con la asistencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria para intentar llegar a una verdad.