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La cultura de la deuda

Desde la asunción del gobierno de Macri, el recurso utilizado para atender los compromisos preexistentes, los nuevos y sus re determinaciones, lo fue casi excluyentemente de la mano de la toma de deuda pública. La política monetaria administrada por el Banco Central también puso énfasis en el uso de la deuda pública a la hora de regular el mercado cambiario y la circulación monetaria. Pareciera que la creatividad no es el fuerte de Cambiemos y que sólo ha atinado a patear la pelota hacia adelante, utilizando recursos simples para atender situaciones complejas, dada la sequía de inversiones que el presente y el horizonte muestran. Tomar deuda para después ver cómo se afronta, renueva o muta. Y que Dios decida, es precisamente eso.

Un capítulo especial del tema de la deuda lo constituye el financiador, esto es quien presta y en consecuencia en cuales condiciones. Desde la reforma financiera practicada por la dictadura en junio de 1977, prácticamente intacta a pesar del largo ciclo democrático reabierto desde el 10 de diciembre de 1983, el conjunto de entidades que componen –de hecho o de derecho- el sistema financiero, se convirtieron en actor principal de la vida económica argentina. Si bien esto fue en el marco de las transformaciones del sistema financiero a nivel planetario, en nuestro caso ha tenido un conjunto de rasgos que lo han diferenciado de aquel.

Desde hace bastante tiempo, aunque con especial énfasis desde la crisis de 2001, las entidades financieras comparten sus energías entre el  negocio principal y otro que –aunque en lo aparente no lo es- le aporta una cuota relevante a las ganancias crecientes del sistema. Se trata de la participación en el mercado especulativo de compra venta de títulos de la deuda pública. Comprende los emitidos por el banco central, por el tesoro nacional, por los tesoros provinciales y también municipales. El banco central, periódicamente, emite a través de sus comunicaciones “A” autorización a las entidades financieras para que presten dinero a tales emisores, para que adquieran tales títulos, sobre todo a los estados sub nacionales (provincias y municipios). Entre el 11-12-2015 y el 18-11-2016 el Banco Central autorizó a las entidades a adquirir títulos nuevos emitidos por gobiernos provinciales y municipales según lo expresa el cuadro siguiente:

Fuente: www.bcra.gov.ar y elaboración propia.

Según lo publicado por el Banco Central en una de sus estadísticas de producción mensual, al 30 de septiembre de 2016 el conjunto de entidades financieras tenían en su poder títulos de deuda emitidos por la máxima autoridad monetaria y el arco de otras dependencias estatales por valor de 428,6 mil millones de pesos, aproximadamente unos 28.000 millones de dólares. Se trata de un 18% mayor al que había a finales de octubre de 2015. Del total de la deuda pública en poder de las entidades financieras, el 94% lo era bajo la forma de títulos en pesos y sólo el 6% en moneda extranjera. El motivo: las altas tasas ofrecidas por las entidades estatales emisoras. El gráfico siguiente muestra la composición de la cartera de títulos públicos en manos de las entidades financieras:

La preeminencia de las letras emitidas por el BCRA (73,6%) expresan por un lado la preferencia de las entidades por las altas tasas de interés en pesos ofrecidas por la entidad y por otro el cortoplacismo expresivo de su comportamiento rentístico.

Si bien el peso relativo de los títulos emitidos por provincias aparece como bajo (1,4%), lo llamativo es la composición de los casi 6.000 mil millones de pesos que lo integran. El cuadro siguiente muestra el peso distintivo que tiene el conjunto de títulos emitidos por la provincia de Mendoza en poder de las entidades, situación que nació en octubre de 2014. Mendoza es seguida por Provincia de Buenos Aires y luego por parte de las provincias de la cuenca hidrocarburífera.

La alta participación que sobre las ganancias del sistema financiero tiene la proveniente de la especulación en el mercado de títulos de la deuda pública es expresión de otra deuda: la aceptación implícita que los gobiernos democráticos que se sucedieron desde 1983 hicieron del régimen financiero puesto en marcha por la dictadura en 1977.

 

18-11-2016

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