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Evo perpetuo

El Tribunal Constitucional habilitó a Evo Morales para presentarse como candidato a presidente en 2019 aún cuando la Constitución no lo permite

Una vez más en Latinoamérica la legalidad y la legitimidad se distancian. Evo Morales fue habilitado por la cúpula del Poder Judicial para competir por otra reelección, de manera contraria a lo que señala la Constitución de 2009 y el referéndum celebrado el año pasado.

El Tribunal Constitucional aceptó un recurso que un grupo de parlamentarios del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) presentó en septiembre para suspender los artículos de la Constitución que prohibían dos reelecciones continuas consecutivas y, por tanto, impedían que el presidente Evo Morales participara en las elecciones de 2019. El argumento del Tribunal es que esas cláusulas afectaban los derechos políticos de Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera, así como los de todos los políticos cuya reelección estaba limitada, y consideró que esos derechos tenían prelación sobre las restricciones constitucionales.

Al justificar su posición, el Presidente del Tribunal Constitucional repitió el discurso del oficialismo sobre este cambio de la norma, señalando que la habilitación de Morales solo amplía un derecho -el suyo- sin quitarle a los demás el derecho de vencer al presidente en la urnas.

Reacciones

Los líderes de los distintos sectores opositores se expresaron en contra de la decisión en diferentes tonos. El principal retador de Morales en la elección de 2014, Samuel Doria Medina, lo consideró “un golpe de Estado” y advirtió que Bolivia se convertiría en “una nueva Venezuela”. Los expresidentes Jorge Quiroga y Carlos Mesa hicieron hincapié en la ruptura del orden democrático que en su opinión produce esta decisión judicial. Otros, como el alcalde de La Paz, Luis Revilla, reclamaron la formación de una alternativa consistente para enfrentar a Morales, a quien las encuestas reconocen como el candidato con mayor intención de voto (un sondeo realizado el mes pasado por Captura Consulting le otorga el 37 por ciento).

Varios juristas objetaron la decisión tildándola de “aberración” y argumentaron que el Tribunal Constitucional no interpreta, sino que directamente modifica la Constitución, sustituyendo las vías  establecidas para su enmienda, que son electorales. Debe recordarse que en 2016 el oficialismo convocó a un referéndum respecto de este tema el cual perdió por estrecho margen. Es decir que la mayoría popular determinó el año pasado que no deseaba una reforma constitucional que habilitara al presidente a presentarse para un cuarto mandato. Ante ese escenario, el oficialismo decidió optar por la consulta al Tribunal Constitucional.

Luces y sombras

El sólo hecho de que un aymara, sindicalista, lograra alcanzar la cima del poder político en Bolivia es algo trascendente. Que haya logrado mantenerlo por casi doce años, es un hito. El gobierno de Evo Morales estuvo signado por una estabilidad política sin precedentes en el país, por el crecimiento económico, la integración de los pueblos indígenas y una oposición débil que lo convierte en un líder aparentemente imprescindible, cuando ya se sabe que los cementerios rebozan de personas imprescindibles.

Con Evo Morales, Bolivia mantuvo un crecimiento promedio de su Producto Bruto Interno (PBI) siempre circundante al 5 por ciento, convirtiéndose en una de las economías más pujantes de Latinoamérica. Esas cifras están relacionadas, principalmente, con los altos precios que registró el gas durante su gestión. Entre los años 2006 y 2014 los ingresos por la venta de gas sumaron alrededor de 28 mil millones de dólares, más de tres veces la cifra global del PBI boliviano anterior a 2005, que rondaba los 8 mil millones.

A partir de esos ingresos, se financió la asistencia a grupos de riesgo como niñez, madres y adultos mayores. La extrema pobreza cayó del 38,2 al 17 por ciento y se facilitó el acceso a los créditos para vivienda.

En los gobiernos de Morales también se incrementó la participación de los indígenas -que constituyen el 62 por ciento de la población del país- en las diferentes esferas políticas. La integración de las poblaciones históricamente excluidas es uno de los logros más importantes de su gestión.

Pero no todo es color de rosa. Una de las principales críticas a la gestión de Morales se refiere al Poder Judicial y a la decisión de elegir a las autoridades judiciales por voto directo, ya que el modelo comprometió aún más la independencia de los funcionarios del área.

La corrupción también es un punto oscuro, y destaca el caso del Fondo Indígena en que se descubrieron obras fantasma y desmanejos de dinero. Unas 400 personas están siendo investigadas.

Otras crítica recae sobre la escasa diversificación de la economía. Actualmente, las exportaciones de gas y minerales representan el 80 por ciento del total. Esa dependencia podría poner en apuros al país, especialmente por el fin de los precios altos del petróleo, a los que se indexan los del gas natural.

También se le cuestiona a Morales la debilidad en la lucha contra el narcotráfico. Sus fronteras con Brasil (segundo mayor consumidor de drogas ilegales de América), Perú (el principal productor de cocaína del mundo) y Paraguay (el principal productor de marihuana de Sudamérica) convierten a Bolivia en el corazón de las rutas del narcotráfico en el sur del continente. Además, la producción de pasta de coca, para ser comercializada principalmente en Argentina y Brasil, continúa creciendo.

Finalmente, una crítica recurrente desde los sectores ambientalistas, es que el discurso de Morales sobre la protección de la naturaleza no corresponde con sus acciones. Uno de los ejemplos que se da sobre esa incongruencia es la decisión de Morales de autorizar la extracción de petróleo y gas en parques nacionales.

Élites que no circulan e institucionalidad democrática débil

Lo que sucede en Bolivia expone nuevamente dos males que tienden a reiterarse en Latinoamérica, a saber, las élites que se estancan y la debilidad de las instituciones democráticas.

La teoría de la circulación de las élites de Vilfredo Pareto data de comienzos del siglo XX. Sostiene que en toda sociedad hay quienes mandan, gobiernan y dirigen -la minoría- y otros -los más- que obedecen y son gobernados. El fundamento de la teoría está en la oposición entre quienes detentan el poder -las élites- y los que no tienen poder -las masas- que son dirigidas por los primeros. Para éste pensador, la élite está compuesta por todos aquellos que manifiestan unas cualidades excepcionales o dan pruebas de aptitudes eminentes, en definitiva, le atribuye un valor cualitativo. La élite, a su juicio, esta integrada por miembros excepcionales o destacados de una sociedad, por aquellos a quienes sus cualidades eminentes deparan poder o prestigio. A la luz de esta noción de élite es preciso comprender la teoría de la “circulación de las élites”, según la cual, la pertenencia a la élite no es hereditaria dado que no todos los hijos tienen las cualidades eminentes de sus padres y lo que necesita la élite como insumo es precisamente esa superiodridad cualitativa. Se produce pues una incesante renovación de las élites antiguas por otras nuevas, salidas de las capas inferiores de la sociedad. Cuando tiene lugar esta constante circulación de las élites, se mantiene más firmemente el equilibrio de los sistemas social y político, en la medida en que esa circulación asegura la movilidad ascendente de quienes son considerados “los más aptos”. Y la circulación de las élites concurre al mismo tiempo que el cambio social, porque trae consigo la circulación de las ideas.

En virtud de lo expresado, queda claro que Evo Morales y el MAS no están logrando pautar la renovación de la élite que constituyen. Y cuando las élites no circulan, primero envejecen y luego mueren. Pero en ese devenir biológico, ponen a la sociedad en situación de crisis dado que se impide la fluidez del cambio social y de las ideas. Claro ejemplo de las élites que no circulan son la Unión Soviética y la Cuba castrista.

El otro mal que se reitera en Bolivia y en Latinoamérica es la fragilidad de la institucionalidad democrática. Las instituciones son avasalladas por la coyuntura política electoralista y las sociedades observan impávidas las modificaciones legales que se hacen entre gallos y media noche para justificar ni más ni menos que la obsesión por aferrarse al poder. Legalidad y legitimidad deben ir de la mano para que la democracia sea efectiva. El recambio político es necesario y sano para la democracia y para la república. Es necesario incluso para la propia subsistencia de la dirigencia política en su conjunto, aunque a veces no lo advierta. La perpetuidad no le sirve a nadie.

 

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