Un tembladeral sacude a Latinoamérica, y los engranajes de la corrupción y la impunidad crujen en Brasil, Argentina, Perú y Ecuador, entre otros países de la región. Los procesos abiertos en esos sitios tienen un futuro difícil de predecir. Pero en ese contexto, que amenaza con arrastrar a sectores de la dirigencia política, empresaria y sindical, se gestó en Colombia una alternativa diferente e interesante.

La escala del problema en Colombia tiene cifras contundentes. El contralor general saliente, quien encabezó la oficina responsable de las auditorías internas, Edgardo Maya Villazón, manifestó que en los últimos años, la corrupción le costó al país casi 16.500 millones de dólares.

Textualmente, Maya sostuvo: Necesitamos una revolución, sobre todo cultural, que nos enseñe de nuevo, desde el principio el manejo estricto de los recursos públicos. Necesitamos cambiar el chip de las nuevas generaciones, introducir en el ADN de los nuevos colombianos el respeto absoluto por los recursos públicos. Al país le tomó cerca de 20 años montar y desarrollar una estrategia para acabar con el conflicto de más de medio siglo. Primero se hizo un Plan Colombia contra el narcotráfico, luego se hizo un Plan Patriota para acorralar la guerrilla, y luego apostamos todo por un Acuerdo de Paz. Ahora necesitamos que se vuelque la sociedad toda y el gobierno en un solo proyecto de país contra la corrupción.

Un plan novedoso

La corrupción, o mejor aún, la combinación nefasta de corrupción e impunidad, se ha combatido de muchas maneras: con leyes, investigaciones y hasta con campañas de sensibilización pública. Colombia intentó hacer algo diferente y apeló a la consulta popular a partir de una iniciativa del Partido Verde. 

A los votantes se les invitó a responder si estaban de acuerdo con siete medidas, a saber:
1. Un límite de 25 veces el salario mínimo nacional a los sueldos de los integrantes del Congreso y de los altos funcionarios. Actualmente reciben 40 veces el mínimo nacional, que equivale a 10.400 dólares mensuales.
2. El requisito de que aquellos condenados por cargos de corrupción cumplan su sentencia en la cárcel y que pierdan su vínculo con el Estado sin compensación.
3. Procesos de contrataciones abiertos y transparentes para todos los niveles de las entidades públicas.
4. Participación ciudadana directa en todos los aspectos del presupuesto público, en la decisión de los gastos y recibir actualizaciones periódicas sobre estos.
5. Que los congresistas rindan cuentas de sus votos, los proyectos de ley que proponen y quién los persuadió.
6. Que los funcionarios electos revelen sus propiedades, ingresos e impuestos pagados. Leyes que aceleren la recuperación de activos de aquellos involucrados en hechos de corrupción.
7. Limitar a un máximo de tres periodos los cargos de funcionarios electos en el mismo cuerpo legislativo.
Pese a que los colombianos perciben que la corrupción es uno de los problemas más graves del país, el referéndum no superó el veredicto de las urnas. Faltaron cerca de 470 mil votos para que la consulta fuera aprobada. Se necesitaba que acudiera a las urnas la tercera parte del padrón electoral de 36,4 millones de colombianos, es decir, 12,1 millones de personas. Sin embargo, participaron 11,6 millones. Pero para los promotores de la consulta, la votación fue un triunfo y un mensaje claro del hartazgo de los colombianos con la corrupción. Entienden que la ciudadanía está cambiando su actitud pasiva y ha enviado un mensaje contundente a la dirigencia política del país.

De hecho, fue la primera vez que este mecanismo de participación ciudadana se utilizó con tanta convocatoria, teniendo en cuenta que el número de personas que votó fue mayor al número de personas que votó por el presidente Duque -10 millones- y ese dato sienta las bases para seguir avanzando por ese camino.

El fracaso en alcanzar la cantidad de votos necesarios se explica principalmente por la cultura política colombiana del abstencionismo. Históricamente la abstención suele superar el 50 por ciento. A eso se agrega que este año, los colombianos ya habían acudido a las urnas tres veces, sin contar la consulta anticorrupción. 

Otra causa importante fue la desinformación y la contra campaña, dado que distintos sectores habrían intentado manipular a los votantes señalando que la consulta era innecesaria o que se trataba de una medida para darle apoyo a una de sus impulsoras, la senadora Claudia López, para una eventual candidatura a la alcaldía de Bogotá.

Otro aspecto que explicaría la falta de concurrencia a votar, sería la falta de recompensa. La compra de votos y el clientelismo político son prácticas largamente denunciadas en el país. Pese a que no hay pruebas fehacientes de que eso haya sucedido, si pudo comprobarse que no se entregaron los certificados electorales que justifican a los trabajadores frente a sus empleadores. 

Por último, el uribismo y el Centro Democrático se mostraron en contra de la consulta en las semanas previas, haciendo alusión a que era más efectivo apoyar la agenda anticorrupción del presidente Iván Duque. Aquello habría influenciado a los seguidores del uribismo, que aún mantiene un fuerte apoyo popular en Colombia. De hecho, Duque fue el delfín del expresidente Álvaro Uribe en las elecciones. En realidad, el espacio liderado por Uribe es el que corre mayores riesgos de verse perjudicado por un paquete de medidas anticorrupción que no pueda controlar.

¿Y ahora? 

Lo más importante es que el tema está instalado en la agenda política con más de 11 millones y medio de votos detrás. Rápido de reflejos, el presidente Duque hizo una maniobra audaz para la conservadora cultura política colombiana. 

Dos días después de la votación de la consulta -el mismo martes que quienes la habían promovido fueron al Congreso para exigir a los partidos políticos que atendieran los siete mandatos del referéndum- el presidente fue personalmente al Congreso y radicó de puño y letra un nuevo proyecto de ley para combatir la corrupción. Allí se contempla la imprescriptibilidad del delito y la limitación a tres períodos en las instituciones públicas, entre otros puntos coincidentes. Fue todo un mensaje. No es usual que un mandatario se dirija desde la casa de gobierno a la secretaría del Senado para presentar una iniciativa. Hace cuatro años Juan Manuel Santos lo hizo para presentar la Ley de víctimas, en el marco de los acuerdos de paz con los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en el afán de terminar con el conflicto armado de más de medio siglo de duración. 

Las expectativas sobre el presidente recientemente asumido y el combate que realmente logre desplegar contra la corrupción, son muchas. Tantas, que posiblemente en breve se vea obligado a romper lanzas con su mentor político, Álvaro Uribe.

Los países latinoamericanos deberían observar con detenimiento el devenir del caso colombiano porque quizás de allí surja un modelo alternativo al Mani Pulite, el Lava Jato, y los cuadernos Gloria. Arrasar con la política en nombre de la ética, también es hipotecar el futuro.