Colombia se convirtió el pasado 31 de mayo en socio de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y alcanzó de ese modo un grado de cooperación con ese organismo que ningún otro país latinoamericano tuvo antes. 

La medida fue adoptada sólo cuatro días después de la elección presidencial que, al no haber alcanzado a una definición, condujo a una segunda vuelta electoral que se realizará el 17 de junio. Es decir, que el momento fue elegido cuidadosamente para no alterar el clima electoral en un contexto en el cual Juan Manuel Santos sabía que no tenía un delfín al cual ungir como sucesor.

Pero independientemente de la relevancia y el impacto que pudiera suponer esta medida en el seno de la política colombiana, las consecuencias más directas y notorias recaen sobre Latinoamérica.

Pertenecer tiene sus privilegios

Pese a que la ratificación firmada por el presidente Santos es reciente, Colombia ya había adquirido la categoría de país socio de la OTAN oficialmente en mayo de 2017. Más aún, las negociaciones para integrarse al bloque militar comenzaron hace más de una década, cuando Álvaro Uribe era presidente.

Independientemente de gozar de las fabulosos paquetes de ayuda financiera, militar y logística de los Estados Unidos en el marco del denominado Plan Colombia, cuyo objetivo era combatir a las organizaciones narcotraficantes y a los grupos guerrilleros, lo cierto es que el gobierno conservador de Uribe interpretaba que la región estaba dominada por gobiernos ideológicamente adversos, y actuó a la defensiva.

La lógica que se impuso fue que si el país estaba rodeado de enemigos, era necesario buscar alianzas militares fuera de la región. En aquel entonces, la fortaleza del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, que compraba aviones de combate y cientos de miles  fusiles AK47 rusos, actuaba como argumento más que suficiente para el uribismo gobernante.

Los resultados comenzaron a verse en 2013. Ese año se estableció un acuerdo de intercambio de información con la OTAN. Desde entonces, los militares colombianos comenzaron a recibir entrenamiento en las academias de la organización en Italia y Alemania. 

En 2015, la Armada colombiana participó con un buque en una operación de la OTAN contra la piratería marina en el Cuerno de África. Un año después, comenzaron en el seno del bloque las deliberaciones para que Colombia adquiriera el estatus de socio global. Los debates concluyeron el 18 de mayo de 2017 y un mes después el Congreso respaldó la alianza. El último día de mayo, el presidente Santos hizo oficial el acuerdo y lo puso en marcha.

Para el gobierno y para las fuerzas armadas colombianas, el estatus de socio global de la OTAN constituye entonces la materialización de un trabajo denodado para la implementación de una política pública que excede la coyuntura. Colombia se convierte así en aliado estratégico y preferencial del mayor bloque militar del mundo y, para muchos, en una suerte de vigía de la región.

Una cuestión de intereses 

El interés de la OTAN en una alianza con Colombia está relacionado principalmente con el interés estratégico de los Estados Unidos en el hemisferio, y en la comprensión de que las amenazas a la seguridad del bloque no provienen solamente de Eurasia. Distintos fenómenos han demostrado que los conflictos tienden cada vez más a exceder los ámbitos controlados por el Estado. Terrorismo,  tráfico de armas, drogas, órganos, animales, guerrilla, ciberterrorismo, golpes de mercado, etc. En ese sentido, la experiencia de Colombia en la lucha contra las organizaciones narcotraficantes y contra grupos armados irregulares es altamente valorada.

El acuerdo no contempla -al menos en principio- la instalación de bases militares o presencia de tropas extranjeras en el territorio colombiano. Pero sí apunta a la cooperación en asuntos vinculados con la seguridad electrónica, marítima y la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. También se hace énfasis en la protección de civiles y niños, además de la promoción de la participación de mujeres en la construcción de paz y seguridad.

Para algunos analistas, la alianza con la OTAN generará un impacto sobre los mercados financieros que, aunque no es directo ni generará una ventaja exorbitante, producirá confianza entre los inversores, sobre todo en los escenarios en los que pueda haber ciberataques o problemas con el narcotráfico y el terrorismo. Ante esos casos Colombia contará con un respaldo altamente calificado que permitirá que ese tipo de obstáculos no afecten el curso normal de la economía.

Pese al respaldo que significa el acuerdo para la posición de Colombia en Latinoamérica, su gobierno ha mostrado una notoria debilidad diplomática al momento de explicar el alcance del acuerdo, sin poder evitar las tensiones con los países vecinos.

No son pocos los analistas políticos que entienden que existen razones suficientes para pensar que una Colombia asesorada por el organismo pueda convertirse en un punto estratégico para una eventual intervención armada en Venezuela. Algunos van más allá y sostienen que, desde un punto de vista geopolítico, la sociedad es la puerta de ingreso de los Estados Unidos en Sudamérica pero no sólo para desestabilizar al régimen de Nicolás Maduro, sino también para disciplinar a los movimientos populares que se extendieron por toda la región.

Lo cierto es que Colombia ocupa un lugar privilegiado al ser el único país sudamericano que tiene costas en el océano Pacífico y en el Caribe. Tiene fronteras porosas con Venezuela, además de lindar con Ecuador y con Brasil.

Queda claro que Colombia juega un papel central en la estrategia del complejo industrial-militar estadounidense para la región y el momento para empoderar a la dirigencia política colombiana parece inmejorable. Brasil se encuentra inmerso en una crisis política, social y económica sin precedentes. Venezuela está peor aún. Ecuador tiene un gobierno que nació como continuador del de Rafael Correa pero que actúa en sentido contrario. Argentina se encuentra en una situación de vulnerabilidad y dependencia económica tal, que la llevó a aceptar nuevamente los dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En ese contexto, los países más poderosos del mundo decidieron que Colombia ingresara tanto en la OTAN como en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), otorgando un cheque en blanco a la dirigencia de ese país en la cual parecen confiar plenamente.

Es también una manera de debilitar casi hasta hacer desaparecer procesos de integración política regional como la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR).

Desde el punto de vista del interés militar, debe contemplarse que las Fuerzas Armadas de Colombia dieron un salto en la región sudamericana pasado del quinto al segundo lugar, sólo detrás de Brasil. Eso se debió a la asistencia militar de los Estados Unidos para combatir al narcotráfico, con énfasis en la inteligencia, modernización y profesionalización de sus Fuerzas Armadas. De manera coincidente con esa política, Colombia es el país de la región con mayor presupuesto militar, dedicándole el 3,4 por ciento de su Producto Bruto Interno (PBI) anual. En comparación, Brasil dedica el 1,3 por ciento, y Argentina el 1 por ciento a Defensa. 

Pero la mayor ventaja comparativa de las Fuerzas Armadas colombianas respecto de las del resto del continente, es su capacidad de operación sobre el terreno. La larga guerra contra los distintos grupos guerrilleros, en particular las FARC, les ha proporcionado una amplia experiencia y capacidad de combate en la acción directa, algo que no sucede con las Fuerzas Armadas de los demás países de la región, que no enfrentan conflictos reales desde hace por lo menos tres décadas, cuando se produjo nada más y nada menos que la guerra de las Malvinas.

En conclusión, a Colombia le fue entregada la llave maestra del control geopolítico en la región -con especial hincapié en Venezuela y Brasil- y para el disciplinamiento de la disidencia social. En algún momento los estrategas del complejo industrial-militar comprendieron que no debía repetirse la historia reciente, cuando la acción popular permitió la llegada al gobierno de fuerzas políticas -a veces opuestas, a veces simplemente distintas- a los intereses de los sectores dirigentes de los Estados Unidos y de los países europeos más poderosos.