De acuerdo a lo fijado en 2017, la fecha prevista para la salida definitiva de Gran Bretaña de la Unión Europea (UE) será el 29 de marzo de este año. Es decir, dentro de dos meses. Sin embargo, luego de que el parlamento británico votara contra el plan de desconexión elaborado por la primera ministra Theresa May, el futuro del vínculo entre británicos y europeos resulta errático e incierto.

Una fracción del propio partido de la líder conservadora le dio la espalda al momento de votar la aprobación parlamentaria al acuerdo al que ella había arribado con los representantes europeos. Eso la dejó en una situación de debilidad que hasta podría exonerarla del gobierno, aunque May se las ha ingeniado para mantenerse por el momento al frente del país.

El argumento del ala dura del partido conservador es que una salida acordada en los términos negociados recientemente, supondría aceptar un conjunto de reglas de juego europeas que prácticamente vacían de contenido y de sentido la naturaleza del Brexit. Su idea es justamente no tener que seguir los mandatos del bloque regional. Para los duros, es preferible entonces una salida sin acuerdo antes que lo que ellos consideran un mal acuerdo.

Del otro lado, son muchos los británicos y los legisladores que se cuestionan respecto de aquel referéndum que determinó la salida británica de la UE. Hasta el líder del opositor partido laborista, Jeremy Corbyn, que se mostró más de una vez reacio a reclamar un nuevo referéndum para dejar sin efecto al anterior, ha reconsiderado su posición.

¿Y si se vuelve atrás?

El martes pasado Jeremy Corbyn firmó una iniciativa para que el parlamento vote sobre la convocatoria de un segundo referéndum del Brexit, haciendo una concesión al ala eurófila del laborismo. El líder de la oposición -siempre ambiguo ante la cuestión europea- dio el paso, pero sin comprometerse demasiado. Avaló la presentación de una enmienda que intenta evitar la salida de la UE sin un acuerdo específico que indique cómo debe hacerse. La enmienda también incluye la posibilidad de una nueva votación popular.

Este gesto significa que, por primera vez, el partido laborista pide formalmente a sus diputados que consideren un segundo referéndum, si bien ello no implica que sus líderes vayan a apoyar la opción de dar marcha atrás en el Brexit en caso de que hubiera esa segunda votación.

El plan alternativo del partido, que es el que verdaderamente defiende Corbyn y el que se sometería a votación en caso de que los diputados frenasen la opción de una salida sin acuerdo de la UE, pasa por la permanencia de Reino Unido en la unión aduanera tras consumarse el Brexit y una relación lo más estrecha posible con el mercado único europeo.

Ya es hora de que el plan alternativo del laborismo se coloque en el centro del debate, manteniendo todas las opciones abiertas, incluido un referéndum, expresó Corbyn después de que Theresa May presentara el martes ante la Cámara de los Comunes un plan alternativo para lograr un acuerdo sobre el Brexit. Se trató de un calco con ligeras modificaciones al que le procuró una histórica derrota parlamentaria el 15 de enero.

May apela al miedo

La insistencia de la primera ministra en no descartar una salida desordenada de la UE esconde en realidad una táctica para asustar y atraer hacia su plan a los legisladores tibios. De esa manera, espera que el acuerdo anterior con las pequeñas enmiendas incorporadas a instancias de distintos miembros de la Cámara, esta vez sea aprobado.

La enmienda que se espera que concite el mayor apoyo entre las filas de la oposición, pretende forzar al gobierno a posponer la implementación del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que es el que prevé la salida de la UE, hasta fin de año si es que el 28 de febrero continúa el bloqueo actual. Sería una manera de ganar tiempo y oxigeno político para continuar negociando un acuerdo más satisfactorio puertas adentro. Pero a las autoridades comunitarias reunidas en Bruselas les inquieta esa perspectiva debido a que en el mes de mayo habrá elecciones para el Parlamento Europeo y la indefinición respecto del Brexit podría suponer una muestra de debilidad, en un contexto de crecimiento sostenido de la intención de voto de los partidos de extrema derecha en casi toda Europa. Además, esa suspensión temporal de la desconexión británica abre otro interrogante ¿deberían los británicos participar en las elecciones de mayo? Se trata de una cuestión jurídica pendiente.

Para May, la opción de un segundo referéndum dañaría la cohesión social y minaría la fe en nuestra democracia, letanía que repite frente a una mayoría que sostiene que cualquier escenario es mejor que el del caos que sucedería a un divorcio con la UE sin acuerdo. Lo cierto es que una desconexión a secas podría resultar verdaderamente catastrófica para los británicos que verían a muchas de sus empresas desplomarse, a migrates abandonar el país, dificultades para introducir productos en Europa, una caída de la libra esterlina frente al euro y el dólar, serias dificultades en la zona caliente de la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda y una larga lista de etcéteras. Para quienes piensan que el Reino Unido se convertiría en ese caso en un mercado apetecible, cabe advertirles que una ruptura en malos términos con la UE arrojará al país a los brazos de los Estados Unidos antes que a los de cualquier otro socio real o hipotético.

El problema, tanto para los legisladores proclives al acuerdo como para aquellos que se oponen e incluso para quienes avalan un segundo referéndum, es que ninguna de las propuestas sobre la mesa parece capaz de sumar la necesaria aritmética para superar el punto muerto en el que está detenida la política británica.