Jair Bolsonaro presentó en el Congreso su proyecto de reforma jubilatoria en momentos en que un miembro de su gabinete debió renunciar señalado por un hecho de corrupción.

Apenas superados los cincuenta días de gobierno, Jair Bolsonaro parece no encontrar aún el rumbo de su gobierno. El famoso plazo de los cien días que el electorado suele darle a los nuevos gobiernos para adoptar las medidas críticas que atravesarán toda la gestión, se agotan rápidamente. Y excepto la novedad de la segunda condena contra Luiz Inacio Lula Da Silva, no hubo buenas nuevas para la gestión de Bolsonaro, caracterizada por conjugar medidas reaccionarias en lo social con otras neoliberales en lo económico. En ese contexto, la semana pasa el presidente llevó al Congreso el proyecto de reforma jubilatoria diseñado por el ministro de economía, Paulo Guedes.

 

El proyecto

 

Presentado como una medida vital para alcanzar el equilibrio financiero del país, el proyecto de reforma del sistema de jubilaciones y pensiones del gobierno plantea, entre otras cosas, una edad mínima jubilatoria de 65 años para los hombres y 62 para las mujeres, y 40 años de contribuciones para lograr cobrar una jubilación completa. También contempla un aumento de 15 a 20 años de aportes para poder cobrar el beneficio mínimo.

Con esta medida, el equipo económico del gobierno apunta a alcanza un ahorro para el Estado de 310 mil millones de dólares durante los próximos diez años. El déficit del actual sistema de reparto, asciende a aproximadamente 80 mil millones de dólares y la perspectiva a futuro es que empeore. Brasil no escapa al problema global de una población cada vez más longeva. Si sobre una población total de 209 millones de personas, los mayores de 65 años constituyen actualmente el 9,2 por ciento, se estima que en 2060 esa franja poblacional superará el 25 por ciento.

Si bien Brasil es actualmente uno de los pocos países que no exige una edad mínima para jubilarse y el actual régimen permite el retiro de las mujeres con 30 años de aportes y de los hombres con 35, el gobierno debe vencer la resistencia de una buena parte de la población. Especialmente de los sectores progresistas que entienden que con esta medida se consumará el núcleo del duro ajuste fiscal iniciado en la presidencia de Michel Temer.

Uno de los argumentos del progresismo brasileño es que la reforma avanza sobre los trabajadores, mientras se oculta la deuda que las grandes empresas mantendrían con el sistema previsional, calculada en unos 120 mil millones de dólares.

El empleo público será uno de los sectores más afectados. La contribución previsional deberá aumentar del 11 por actual al 14 por ciento del sueldo, y un impuesto extraordinario de hasta 8 por ciento más. Eso podría llevar a que el 22 por ciento del salario de un empleado público sea destinado a la contribución previsional.

El valor del beneficio pagado por el sistema previsional será calculado según el promedio de los salarios de contribución. Así, con 20 años de contribuciones, un trabajador tendrá derecho a recibir solo el 60 por ciento del valor del beneficio. A cada año se agregará un 2 por ciento hasta el límite de 100 por ciento. Es decir que, para recibir una jubilación íntegra, el trabajador tendrá que aportar durante 40 años.

El proyecto también prevé la incorporación de un sistema de capitalización en el cual el trabajador pueda hacer sus propios aportes, los cuales serán gestionados por organismos privados o públicos, similar al que existe en Chile.

Mientras tanto, legisladores y jueces conservarán sus privilegios salariales, contarán con reglas y beneficios independientes para sus jubilaciones. Los militares, sector esencial del gobierno de Bolsonaro, tendrán derecho a una reforma alternativa, dado que su régimen previsional también dispone de privilegios.

Respecto del plazo de implementación de la medida, cabe aclarar que, pese a haber sido ingresada en el Congreso, el inicio de su tramitación todavía deberá esperar. El proyecto implica una enmienda constitucional, por lo que deberá ser primero admitida por la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ), que todavía no fue constituida. Posteriormente deberá ser aprobada por tres quintas partes de cada Cámara durante dos rondas legislativas. 

Debe tenerse en cuenta que la atomización del Congreso hará necesarias arduas negociaciones legislativas para llevar adelante el proyecto. El presidente cuenta por ahora con el acuerdo de los presidentes de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, y del Senado, Davi Alcolumbre. En ese marco y como parte de un acuerdo para la reelección de Maia para la presidencia de la Cámara de Diputados, la CCJ quedaría a cargo del oficialista Partido Social Liberal (PSL). El problema es que el partido de Bolsonaro está siendo sacudido por un escándalo de fraude electoral que ya produjo la baja del Secretario General de la Presidencia, Gustavo Bebbiano, uno de los estrategas de la campaña que llevó a Bolsonaro al poder.

 

El escándalo

 

En sólo un mes y medio de gobierno y tras una campaña en la que se presentó como la superación de un sistema político putrefacto, la imagen de Bolsonaro comienza a acusar recibo por los escándalos que protagoniza su entorno. Primero fue aquel en el que se vieron involucrados su esposa, su hijo Flavio y el exchofer de éste, Fabricio Queiroz, investigados por maniobras financieras sospechosas.

Pero el nuevo escándalo involucró a uno de los más cercanos asesores del mandatario, Gustavo Bebianno, quien se desempeñaba como Secretario General de la presidencia. El funcionario fue además presidente del PSL durante la campaña electoral y condujo al equipo que llevó a Bolsonaro a la primera magistratura. Semanas atrás, Bebianno fue señalado por una investigación del diario Folha de Sao Paulo por irregularidades en la transferencia de recursos del Fondo de Financiamiento de Campañas Especiales. Concretamente, se acusa a Bebianno de utilizar candidatos testaferros o fantasmas para utilizar dinero público asignado a ellos en la campaña del PSL. El político negó las acusaciones y no renunció, tal como se esperaba que lo hiciera. Más aún, la escalada del conflicto que culminó con el despido de Bebianno incluyó al hijo del mandatario, Carlos Bolsonaro, quien ocupa el cargo de concejal por la ciudad de Río de Janeiro. Carlos acusó públicamente de mentiroso a Bebianno, quien había alegado que conversó tres veces con el presidente por el escándalo de desvío de dinero.

La declaración pública del hijo del mandatario provocó críticas por lo que fue considerado una  intromisión de Carlos en el gobierno de su padre. El malestar llegó hasta el vicepresidente, Hamilton Mourao, quien expresó que si el jefe de Estado quisiera a su hijo en el gobierno ya le habría ofrecido un cargo.

El Poder Ejecutivo no ofreció mayores explicaciones sobre el despedido, y el presidente reemplazó a Bebianno por un militar, Floriano Vieira Neto. Se trata del octavo militar en ocupar un ministerio, sobre un total de 22 carteras.

Independientemente de la exoneración de un ministro con menos de mes y medio en el gobierno, el asunto promete impactar en la base legislativa oficialista, sobre la cual Bebianno mantiene influencia. Actualmente el PSL cuenta con 55 de los 513 escaños en la Cámara de Diputados, lo que implica que el oficialismo necesita alianzas con otros sectores del centro y la derecha para promover sus proyectos frente a una oposición que cuenta con 140 legisladores. Esas alianzas están en proceso de discusión, por lo que existen dudas en torno a la consecuencia que pueda tener la salida de Bebianno, que actuaba como interlocutor entre el gobierno y los legisladores. Además, no sería impensable una vendetta de Bebianno contra Bolsonaro.

Como si eso fuera poco, ante este Congreso atomizado, el gobierno no podrá apelar sin consecuencia al instrumento disciplinador u ordenador al que acudieron los anteriores: el soborno. Los medios masivos de comunicación y un grueso sector de la opinión pública escrutan al nuevo gobierno, para determinar si es o no distinto a los anteriores como lo proclamó hasta el agotamiento.

Pero cabe preguntarse si, ante un escenario tan complejo para la gobernabilidad, el presidente cuenta con algún otro instrumento que le permita alinear voluntades en el Congreso con sus objetivos, más allá del soborno. La respuesta es afirmativa, pero no se encuadra necesariamente dentro de los márgenes de la democracia.