Gendarmería Nacional impidió este jueves que manifestantes en representación del gremio de transportistas cerealeros cortara el tránsito en la ruta nacional nº 8, en el sur santafesino, y la protesta brotó en su cuarto día en numerosos piquetes por la región, en reclamo de un aumento del 31 por ciento en las tarifas de los fletes de granos.

El epicentro de la protesta se erigió esta mañana en Venado tuerto, Chapuy y Firmat, donde si bien los uniformados impidieron el corte de ruta, sí hubo airadas manifestaciones de reclamo.

La medida sólo impide el paso de los transportistas de cereales en las rutas del cordón industrial y el ingreso a las terminales, tanto en el Gran Rosario como en otros puntos del país. Se estima que este paro genera pérdidas millonarias a las terminales portuarias, al impedir el paso de 180 mil camiones.   

Ya desde temprano se supo que la medida impedía que los cereales llegaran a las terminales portuarias y que no se interrumpiría el tránsito. Sin embargo facciones de Gendarmería se aprestaron al costado de la protesta de Venado Tuerto para controlarlos, y esto generó enojos en el sindicato de Transportistas Rurales Argentinos.

El presidente de TRA, Ariel Ortíz, explicó en medio de la protesta que “los gendarmes no nos dejaron manifestarnos, nos bajaron de la ruta anoche a pesar de que el transito siempre fue fluido y nunca se cortó porque organizamos la protesta con la Agencia de Seguridad Vial y el Municipio”.

Los demás cortes se realizaron entre las ruta nacional 33 y ruta provincial 93, la 33 y ruta nacional 7, de Firmat, así como en el cruce de ruta nacional 8 y ruta provincial 14, frente a Chapuy.

La Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac) y la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra) reclaman el aumento del  31 por ciento de la tarifa nacional para los fletes de granos, y el afianzamiento del cobro de desvíos y estadías. También solicitan el pago de una tarifa anual única obligatoria para el transporte de cereales.

La medida también busca el traslado de cobro de tasas municipales y derecho a playas a los dadores de cargas y rechazo y no implementación del curso obligatorio de inicio anunciado por Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).